La expropiación pone en evidencia la falta de política de vivienda pública

El proceso de expropiación de 56 viviendas de grandes propietarios -bancos y fondos- iniciado por el Govern balear para destinarlas al alquiler social ha desatado una cascada de reacciones que han llegado hasta las portadas y programas de medios nacionales e internacionales. Al margen de las valoraciones políticas, la opinión de los profesionales el sector ha sido tremendamente crítica con el método considerando que este sistema no sólo no solucionará el grueso del problema de la vivienda en las Islas sino que constituye un mal precedente que atenta directamente contra la seguridad jurídica.

Parece evidente que las 56 viviendas que saldrán al mercado con un alquiler bajo no solucionarán el problema de la vivienda en Baleares, de la misma manera que resultarían insuficientes las más de 700 que en total han sido identificadas con las mismas características y, por tanto, también son susceptibles de ser expropiadas temporalmente. El sistema elegido por el Govern sólo aliviará una pequeña parte de la falta de opciones para acceder a la vivienda a familias vulnerables y, en cambio, podría tener un impacto negativo en el mercado. Sin contar con que los titulares propagandísticos en Baleares pueden tener un efecto demoledor fuera y perjudicar la imagen de las Islas.

Los profesionales se quejan de que no se han explorado antes otras fórmulas y, sobre todo, que durante los últimos años no ha habido desde el Govern incentivos a la promoción de vivienda pública. El Govern esconde la falta de políticas de vivienda con una medida populista que no resuelve el problema, y que es doblemente sangrante cuando el propio Govern no se ha destacado estos años por su capacidad para construir vivienda social.

Los expertos critican la "cultura de lo fácil" aplicada por el ejecutivo de Armengol en este asunto. Reclaman incentivos a la promoción, de forma que se pueda construir vivienda pública en un volumen suficiente para garantizar el acceso a quienes más lo reclaman y no encuentran soluciones.

En resumen, se necesita una política de largo recorrido que dé respuesta a las necesidades reales más allá de los titulares de prensa y la demagogia fácil; una política efectiva que salvaguarde la seguridad jurídica, que no tenga efectos perversos en el mercado y que pueda hacer frente a uno de los principales problemas que afectan a la sociedad balear.