Europa indaga en el escándalo de las niñas tuteladas prostituidas en Mallorca

Los miembros de la misión europea solicitaron en su momento al Parlament la cesión de una sala de la Cámara autonómica para que todas las comparecencias previstas pudieran tener lugar allí, pero esa petición fue rechazada por la Mesa del Parlament. Según explicó el pasado mes de marzo el presidente de la Cámara, el socialista Vicenç Thomàs, esa negativa obedeció a que la Mesa no contaba con ninguna "certificación acreditativa" del Parlamento Europeo en relación a esa misión y también al hecho de que la mayoría de las declaraciones estaban programadas para un martes —en concreto para el 12 de abril—, siendo los martes los días en que se celebran en la Cámara regional los plenos ordinarios, circunstancia que según el reglamento impide que en esas fechas específicas se puedan celebrar otras actividades en las dependencias del Parlament.

Por ello, las comparecencias de los citados altos cargos y del resto de personas convocadas tendrán lugar finalmente en el hotel de Palma en el que se alojarán los europarlamentarios desplazados hasta la isla, si bien Armengol podrá declarar en el Consolat de Mar, tras haberlo solicitado previamente así y haberlo aceptado el Parlamento Europeo en una reciente votación. También declarará en principio en el Consolat la consellera Santiago, quien, en cualquier caso, siempre ha expresado su disposición a comparecer en el lugar que la misión europea considerase oportuno.

DIVERSAS COMPARECENCIAS

En el transcurso de las dos jornadas programadas está también previsto el encuentro de los representantes de la misión con la actual presidenta del IMAS, Sofía Alonso; el director de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia, Josep Lluís Riera; el fiscal coordinador de Menores de Baleares, José Díaz Cappa; el inspector jefe del Grupo de Investigación de la UFAM de la Policía Nacional en Baleares, David López del Val; las madres de dos víctimas y diversos periodistas isleños. Por lo que respecta a los integrantes de la misión, forman parte de la misma una decena de personas, entre ellas dos eurodiputadas isleñas, la popular Rosa Estaràs y la socialista Alicia Homs.

El origen de la decisión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de recabar información sobre los casos de presunta explotación sexual de menores tutelados cabe situarlo en 2020, cuando varias personas denunciaron ante la Eurocámara la existencia de dichos casos y pidieron que se investigasen. En un principio, el Parlamento Europeo sólo tenía previsto pedir explicaciones al Gobierno de España y al Ejecutivo balear sobre este asunto. Con posterioridad, esa petición se hizo también extensiva al Consell de Mallorca. Por último, tras varios meses sin grandes avances, los europarlamentarios interesados en esta cuestión decidieron desplazarse finalmente hasta Mallorca, al considerar que previamente no habían recibido una respuesta satisfactoria por parte de ninguna de esas tres instituciones.

En ese contexto, cabe recordar que en Baleares la atención a los menores tutelados no depende del Ejecutivo regional, sino esencialmente de los consells. Por tanto, son los consells los que gestionan los centros o pisos de acogida para menores tutelados, todos de régimen abierto, mientras que el Govern se ocupa únicamente de controlar los centros de reforma o internamiento, para jóvenes con antecedentes penales. En Mallorca existen 30 centros de acogida, que son gestionados por el Consell a través del IMAS. Además, existen también tres centros de internamiento, que son controlados por el Govern a través de la Conselleria d'Afers Socials.

ANTECEDENTES PRÓXIMOS

La posible existencia de abusos y de explotación sexual de menores tuteladas en Mallorca trascendió por vez primera a la opinión pública en enero de 2020, cuando se conoció el caso de una niña de 13 años que se escapó por unas horas de su centro de acogida en el día de Nochebuena de 2019 y que, esa misma noche, fue presuntamente violada en grupo por seis menores en un piso de Es Camp Redó. En su denuncia ante la Policía, la víctima dejó entrever, además, la posible existencia de proxenetas de menores tuteladas. La niña hizo también referencia a la existencia hoy de adolescentes de centros de acogida que se estarían prostituyendo a cambio de drogas o de dinero.

Tras hacerse público ese caso, fue también en enero de 2020 cuando el IMAS confirmó la existencia de 16 casos recientes de explotación sexual infantil en Mallorca, que tuvieron lugar entre 2017 y 2019. Precisamente, sobre el citado organismo y sobre el tripartito que gobierna hoy en el Consell se vertieron entonces duras críticas por parte de la oposición, que denunció la supuesta inacción del IMAS para detectar y hacer frente a los citados casos de explotación sexual de menores tutelados. Esas críticas fueron rechazadas por el PSOE, Unidas Podemos y Més, partidos que en la pasada legislatura gobernaban ya conjuntamente en el Consell, bajo la presidencia de Miquel Ensenyat.

Un mes después de que saliera a la luz la existencia de todos esos casos, los cuatro grupos de la oposición en el Consell —PP, Cs, el PI y Vox— propusieron en febrero de 2020 crear una comisión de investigación sobre los menores tutelados explotados sexualmente. Esa opción fue rechazada entonces por el tripartito insular, que por su parte impulsó la creación de una comisión de expertos. Esa comisión, que fue cuestionada por la oposición desde el primer momento, presentó en septiembre de 2020 el informe que había elaborado, en el que aconsejaba actuar de una forma más efectiva en la búsqueda de soluciones a la problemática de los abusos a menores.

SIN COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

La posibilidad de crear una comisión de investigación fue rechazada nuevamente por el tripartito insular en noviembre de 2020. Poco después, el propio equipo de gobierno del Consell propuso poner en marcha en el IMAS una comisión política sobre explotación sexual infantil, que en enero de 2021 inició finalmente su andadura. Esta nueva comisión había sido inicialmente rechazada en bloque por la oposición. Sin embargo, Cs y el PI decidieron finalmente formar parte de esta comisión política por "responsabilidad", mientras que el PP y Vox siguieron considerando que no era un instrumento válido para saber con exactitud cómo había estado actuando el IMAS en los últimos años.

La citada comisión política presentó sus conclusiones en abril de 2021. En su informe final se señalaba que "no hay ninguna responsabilidad de los políticos que están y estaban al frente del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) y tampoco consta ninguna responsabilidad penal" en relación a los mencionados casos. Asimismo, en dicho documento se descartaba que existiera un posible nexo de unión entre los distintos casos de menores que habían sufrido abusos en los últimos diez años y también se descartaba la supuesta existencia de una red dedicada a la explotación sexual de esos menores.

Más allá de las propias actuaciones del IMAS, también el Govern ha recibido críticas por la posible desatención sufrida por los menores tutelados por el Consell. Esas críticas se fundamentan en que, en último término, el Ejecutivo regional es el responsable de que los consells cumplan las leyes y las normativas vigentes, en este caso en el ámbito de la protección de menores. Partiendo de esa base, los partidos de la oposición en el Parlament han solicitado igualmente en diversas ocasiones la creación de una comisión de investigación, en su caso en la Cámara regional, pero esas peticiones han sido rechazadas de manera reiterada por los grupos que dan su apoyo a Armengol.

INDAGACIONES DE LA FISCALÍA

Con independencia de la citada controversia política vivida en el Consell y en el Parlament a lo largo de los dos últimos años, tanto la Fiscalía como la Policía Nacional han llevado a cabo diversas investigaciones desde principios de 2020 en relación a la existencia de posibles casos de explotación sexual infantil. Por lo que respecta a la Fiscalía, en octubre de 2020 el fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, anunció el archivo de las diligencias abiertas en enero de aquel mismo año para investigar la presunta existencia de una red de prostitución de menores supuestamente organizada por personal del IMAS.

Según explicó entonces Barceló a los medios de comunicación, tras una investigación exhaustiva no se encontró ninguna prueba de que existiera tal red, por lo que en consecuencia se acordó archivar el caso. La Fiscalía de Baleares había abierto de oficio la citada investigación a raíz de las noticias aparecidas en diversos medios que informaban acerca de la presunta existencia de una trama organizada de explotación sexual de menores en centros de acogida de Mallorca.

En cualquier caso, el fiscal superior indicó también entonces que tanto en el seno del IMAS como fuera de ese organismo sí se habían producido "hechos aislados" de prostitución de menores, que igualmente se habían investigado. Varios de esos casos se acabaron archivando, mientras que algunos se encuentran aún en vía judicial y otros fueron finalmente juzgados y sentenciados.

ACTUACIONES POLICIALES

Por su parte, la Policía Nacional detuvo en septiembre del pasado año en Mallorca a 17 personas como presuntas autoras de un delito de corrupción de menores, por unos hechos que habrían acaecido en 2018 y 2019. De las 17 personas arrestadas, tres eran menores de edad y supuestamente se dedicaban a captar a otras menores para que ejercieran la prostitución. En cuanto a los otros 14 arrestados, la mayoría de ellos habrían contactado con menores con la finalidad de mantener relaciones sexuales a cambio de una remuneración económica. En total, fueron localizadas entonces 13 víctimas, la mayoría de ellas niñas tuteladas por el IMAS.

En el marco de la citada investigación, a principios del pasado mes de marzo fueron detenidas tres personas más, también como presuntas autoras de un delito de corrupción de menores. Con posterioridad, a mediados de marzo, fueron arrestados dos adultos acusados también del mismo delito. Tras dichas actuaciones policiales, el IMAS emitió sendos comunicados en los que explicaba que ambos operativos se iniciaron en su momento a raíz de las denuncias previas presentadas por el propio IMAS. Dicho organismo también recordaba que ya en enero de 2020 había impulsado una comisión para mejorar los protocolos existentes y los mecanismos de detección ante cualquier indicio de explotación sexual. Además del IMAS, forman parte de dicha comisión la Policía Nacional, la Guardia Civil y representantes de distintas instituciones y entidades.

En paralelo a las reuniones periódicas de la citada comisión, desde el IMAS se han ido adoptando diversas medidas a lo largo de los dos últimos años para intentar evitar posibles nuevos casos de explotación sexual de menores tutelados. Entre dichas medidas pueden citarse, por ejemplo, la puesta en marcha en octubre de 2020 de un programa de acogida centrado en el tratamiento de adolescentes víctimas de abusos o la creación el pasado mes de marzo del programa 'Famílies Abric', dirigido a personas que tengan una titulación especializada en el ámbito social y que quieran acoger a niños y adolescentes que requieran una atención intensiva, diferenciada y específica.

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