"El problema -señala a mallorcadiario.com uno de los afectados- es que aquí no hay una asociación que nos agrupe, como ocurre en otras regiones, y cada uno de los concesionarios tendremos que negociar por separado con los ayuntamientos". La legislación permite actuaciones de este tipo, como una prorroga tácita de un año, en casos de catástrofe o de ruptura del equilibro económico del contrato, argumentos a los que acogen los afectados.
El asunto afecta a una docena de empresas que dan servicios de playas en los municipios de la costa de Mallorca. Hamacas, sombrillas, chiringuitos, limpieza... servicios que se contratan mediante concesiones por un tiempo determinado que habitualmente se prolonga durante varias temporadas. La casuística no es homogénea, de forma que en unos municipios se abona el canon en mayo, al inicio de la temporada, mientras que en otros se realiza en partes.
PALMA, EL EJEMPLO
"Por eso es importante que las reglas del juego estén claras lo antes posible y es determinante lo que acuerde el Ayuntamiento de Palma al respecto, ya que ejerce como modelo de actuación para otros municipios de menor tamaño", señala el adjudicatario citado.
"Hasta ahora -añade- lo que hemos visto es que los ayuntamientos están perdidos, que no saben cómo actuar. Pero a estas alturas, creo que algunos de los empresarios afectados ya no abrirán. Otros consideramos que tenemos un compromiso con nuestros trabajadores y con la necesidad de dar un servicio que hace atractivo el destino turístico a la vez de mantener la limpieza de las playas".
Agrupaciones empresariales de concesionarios de playas existen en Levante y en Andalucía, donde ya han conseguido aplazamientos de cánones, bonificaciones, ayudas fiscales y prórrogas. En Ibiza, el municipio de Sant Josep estudia la posibilidad de suspender el canon de explotación a los concesionarios ante "la preocupante situación" que vive el sector.