Empresarios náuticos de Baleares denuncian barreras en las concesiones de Ports IB

El sector náutico de Baleares se encuentra en un momento de gran tensión. Si hace unas semanas Ports de les Illes Balears (PortsIB) recibía un revés judicial con el caso de Astilleros Cabanellas, ahora la adjudicación del proyecto de mejora del Puerto de Pollença ha vuelto a levantar ampollas en el sector. Paralelamente, el alquiler temporal de embarcaciones privadas ha desatado una nueva controversia entre los chárter náuticos y la administración.

La Asociación de PYMES de Actividades Náuticas de Baleares (APANIB), que ya reúne a más de 75 empresas, ha denunciado públicamente las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas de las islas “en el acceso a los concursos públicos licitados por PortsIB”. En esta ocasión, las críticas se centran en los concursos para “la gestión de amarres y rampas en puertos gestionados por la administración”.

En una reciente reunión con el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente Mir, el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, y el gerente de Ports IB, Francisco José Villalonga, APANIB ha enfatizado la necesidad de revisar las condiciones de estos concursos “para garantizar una competencia justa y favorecer a las pymes del sector”.

La polémica se ha intensificado con el anuncio de que la empresa Fonsan Gestión y Construcción, con sede en Sevilla, ha sido la adjudicataria del proyecto para la mejora y refuerzo de las infraestructuras del Puerto de Pollença. Esta situación ha reavivado el malestar en el sector, que ya en octubre de 2024 se manifestó contra el actual sistema de adjudicaciones. En aquel momento, un grupo de pequeñas empresas y autónomos de los puertos de Andratx, Pollença y Sóller exigió “una revisión del modelo de concesiones”, denunciando que las pymes locales “tienen dificultades” para competir en los concursos públicos frente a grandes empresas foráneas.

La protesta derivó en la creación de APANIB, que desde entonces trabaja en diferentes frentes. Entre sus iniciativas, se encuentra la propuesta de un plan de actividades náuticas sostenibles que garantice la continuidad del sector, regulándolo “sin barreras de acceso injustificadas”. Además, la asociación busca modificar el decreto de chárter, con el objetivo de eliminar restricciones anticompetitivas que afectan a muchas empresas del sector.

EL ALQUILER TEMPORAL DE BARCOS PRIVADOS

A la controversia por los concursos públicos se suma un nuevo conflicto en el sector como es el creciente rechazo al alquiler temporal de embarcaciones privadas. Desde el sector del chárter náutico han denunciado que esta práctica supone “una competencia desleal y podría abrir la puerta a una economía sumergida difícil de controlar”.

Empresarios del sector argumentan que los barcos privados que se alquilan temporalmente “no están sometidos a las mismas regulaciones y exigencias fiscales que las empresas de chárter”, lo que genera una situación de “desequilibrio competitivo”.

En este sentido, han exigido una “regulación clara y estricta” para evitar que esta modalidad de alquiler acabe perjudicando a las empresas legalmente establecidas. Aseguran que los propietarios particulares que alquilan sus barcos de manera ocasional no asumen los mismos costes operativos ni cumplen los mismos estándares de seguridad y calidad que las compañías del sector.

CONFLICTOS JUDICIALES Y NUEVAS DENUNCIAS

Las reivindicaciones del sector náutico se producen en un contexto de creciente controversia en la gestión portuaria de Baleares. Recientemente, la jueza Martina Mora ordenó la apertura de juicio oral contra la antigua cúpula de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y fraude a la administración. Entre los acusados se encuentra el expresidente de la entidad, Joan Gual de Torrella, para quien la Fiscalía solicita nueve años de prisión por el presunto amaño de concesiones y concursos en los puertos de Ibiza y Maó.

A estas tensiones se suma la denuncia de Gent per Formentera, que acusa a la APB de querer convertir el puerto de la Savina en un monopolio para megayates, lo que, según la formación política, comprometerá su futuro durante los próximos 25 años. Desde el colectivo alertan que la concentración de la concesión en una única empresa perjudicará a la náutica recreativa local y dejará sin espacio al Club Náutico de Formentera, además de eliminar amarres accesibles para pequeñas embarcaciones.