Desde entonces, el convenio se alarga "de manera anómala", según fuentes del ejecutivo. Las protestas, además, se extienden desde el ámbito científico por los "pobres resultados" de Bachiller y su equipo, ubicados en Caubet.
La noticia no salta a la palestra hasta más de un año después de aquellas reuniones del Pacte. Y todo, según explican algunas fuentes, "para no tener problemas con Podem", partido que no gobierna pero marca el ritmo.
Ahora, el principal partido de la oposición exige a la presidenta de la Comunidad Autónoma que dé la cara y aclare su postura sobre este asunto.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Marga Prohens, insiste en que “ahora ya empezamos a saber que la debilidad de esta presidenta se contrarresta pagando con dinero de todos los ciudadanos para poder sostener el pacto con Podemos y que ese pacto de sillas que es este Govern le cuesta dinero a todos los ciudadanos”, ha manifestado.
“Parece ser que el Govern estaría regando con dinero público de manera alegal a este alto cargo de Podemos y nos parece un hecho gravísimo. Utilizando sus propias palabras, nos preguntamos si esto es un ejemplo de corrupción de alta o de baja intensidad” señala Prohens, que también pide explicaciones a la formación morada.
“Los ciudadanos tienen derecho a saber por qué se están gastando recursos públicos en un convenio que se acabó en diciembre de 2015. Armengol no puede dar la callada, como acostumbra a hacer siempre que tiene un problema”, ha añadido la dirigente popular.