En virtud de este convenio ambas partes trabajarán con el objetivo de que en el curso 2020-2021 se puedan impartir clases de religión en un número máximo de diez centros docentes sostenidos con fondos públicos.
Con este acuerdo, la conselleria quiere establecer unas "condiciones objetivas" por las que los padres o tutores de los alumnos "puedan ejercer el derecho que tienen de que sus hijos reciban en los centros docentes sostenidos con fondos públicos no universitarios la enseñanza de la religión islámica, siempre que así lo decidan en virtud de sus propias convicciones".
Desde el Govern, y concretamente el conseller del ramo, Martí March, se defiende que el convenio se hace desde la perspectiva de la Constitución Española (CE), acorde a la ley y garantizando que "los centros educativos no serán centros de islamización".
March pide no hacer "alarmismo" y ha explicado que este convenio está firmado en la mayoría de comunidades, incluso en las que tienen gobiernos a los que esta formación da apoyo, como Madrid y Andalucía.
Una decisión criticada por diferentes partidos políticos, como PP y Vox. Los populares han solicitado todo el expediente del convenio y desde el partido de Jorge Campos critican que esta medida "la impulse el Govern de PSIB, MÉS y Podemos, supuestamente feminista y que calla ante la subordinación de la mujer en el mundo islámico".
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