Existen grupos o mafias que se aprovechan de las necesidades de las familias. Estas personas se dedican a buscar propiedades vacías para sub alquilarlas o pedir una cantidad de dinero a cambio de la información para okupar la vivienda.
La existencia de grupos o mafias que se dedican a ojear viviendas vacías para después ofrecer subcontratos de alquiler o un pago en concepto por okupar una casa se está viendo incrementada. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca confirman que han detectado la existencia de estas personas y piden que se actúe contra este delito. "En estos casos es la policía quien debe actuar, la PAH no puede hacer nada. Se trata de un delito que se debe perseguir. Se está haciendo un uso fraudulento de la necesidad de una familia".
El pasado mayo, una familia con tres hijos que okupó un piso en la calle Bisbe Cabanellas aseguró que había pagado 800 euros a un hombre de Son Gotleu para que les diera el "chivatazo" de que la casa, al ser del banco, era fácil de ocupar y que podrían estar ahí sin que les pasara nada.
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La PAH asegura que el 90 por ciento de las okupaciones se da en viviendas vacías propiedad de grandes bancos o "fondos buitres" y que no está a favor de que se okupen casad de particulares. Afirman que en ocasiones ha ocurrido, pero que cuando se ha dado el caso, se ha intentado llegar a un acuerdo entre las partes mediante un contrato de alquiler. Cuando la okupación se da en propiedades de grandes tenedores, afirman que también se intenta negociar con ellos. Algunos bancos aceptan realizar contratos de alquiler en función de los ingresos de las familias, en cambio, otros no y se actúa por la vía judicial.
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"Los bancos al haberse adjudicado miles de viviendas de personas que no podían pagarlas han cerrado estas viviendas y no las han sacado al mercado", asegura Víctor Cornells, miembro de la Comisión Jurídica de la PAH. Denuncian que en la actualidad existen alrededor de 1.200 viviendas vacías propiedad de bancos y "fondos buitres" que se deberían destinar a viviendas de alquiler social y para ello piden al Govern más implicación en el tema.
UN PROBLEMA QUE VA EN AUMENTO
En cuanto al cómputo de Baleares, los registros policiales que recogen los casos de Palma, Manacor, Ibiza y Menorca reflejan 62 casos en 2016, 80 en 2017, 83 en 2018 y 37 en el presente año. La cifra no refleja la extensa realidad del fenómeno pero sí constata el incremento año tras año en la comunidad balear.