"Es fundamental la formación de las Policías Locales para afrontar el maltrato animal"

Durante el acto, que ha contado con la presencia de la presidenta del Govern, Francina Armengol, el abogado y coordinador de la Comisión de Derechos de los Animales del ICAIB, Manuel Molina, la magistrada del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, el Teniente del Seprona de Baleares, Pedro García, el agente coordinador del UPROMA, Pedro Moratalla, han expuesto sus respectivos conocimientos del tema y han destacado la importancia que tiene la formación de los agentes implicados en esta lucha, especialmente de las policías locales.

Así, el decano del Colegio de Abogados, Martí Alenyar, se ha referido a la institución como "la casa de quienes defendemos a las personas pero también de los que defendemos a los animales de gente cobarde, perturbada, mala, que es capaz de hacer daño a seres indefensos".

Alenyar ha puesto en valor el servicio SOJMA que "por degracia, en pleno siglo XXI, sigue siendo necesaria" y ha ha subrayado la intensa actividad de la Comisión de Baleares, segunda más longeva de España, sólo por detrás de la de Cataluña.

Por su parte, la presidenta del Govern ha reconocido que la lucha contra el maltrato animal y la defensa de su bienestar deberían ser dos cuestiones constantes en la agenda pública. "Todos los que tenemos un animal de compañía sabemos que tenemos un miembro más de la familia", ha dicho ante los asistente, y se ha comprometido a trabajar durante la legislatura para la modernización de la Ley actual balear, porque "si bien hemos sacado adelante leyes medioambientales valientes, como la del Canvi Climàtic o Residus, no podemos pasar por alto a los otros habitantes del medioambiente, como son los animales".

El abogado, coordinador de la Comisión de Derechos de los Animales del ICAIB y portavoz de ABADA, Manuel Molina, ha recordado que hace ocho años, cuando anunciaron la puesta en marcha de dicha comisión hubo voces de medios de comunicación que lo cuestionaron dado el alto número de personas en situación precaria. "Y yo siempre contesto lo mismo: son luchas compatibles. Se puede defender a los animales y a las personas simultáneamente".

Molina ha recordado a los asistentes que mientras "nosotros estamos aquí, en un salón de actos cómodamente sentados, sólo en nuestra comunidad hay cientos de perros encadenados en fincas que se pasan su vida entera sin cobijo, sin comida, sin agua, como meros sistemas de alarma". Y es sólo una porción del mapa del terrible maltrato animal que se da diariamente, por acción y por omisión. "El problema es que la Ley lo permite mientras se cumplan algunos requisitos. Ésto debe cambiar", ha indicado.

Ya durante su intervención técnica, Molina ha detallado la realidad de la infracción administrativa -para aquellos casos que no van por la vía penal- con todos sus pasos y obstáculos. Especial énfasis ha puesto en la acción de la Administraciones, recordando que éstas deben cumplir la Ley y cerciorarse que los delitos se persiguen por lo que "si se interpone denuncia por maltrato y administración no actúa, hay que denunciar por prevaricación".

Por su parte, el teniente jefe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia civil de Baleares, Pedro García, ha señalado que una de las principales dificultades en la investigación de este tipo de infracciones es determinar que un animal sufre el "menoscabo grave" para poder considerar que hay indicios racionales de la comisión de un delito, y ha recalcado que será necesaria la intervención de un veterinario cuyo informe "va a ser determinante en que haya una falta administrativa, un delito o nada".

En los casos de abandono, la complicación radica en que los propietarios suelen alegar que los animales se han escapado y la imprudencia no está penada de manera que constituye una infracción administrativa.

García ha indicado que la mayoría de los casos que investigan proceden de denuncias ciudadanas o de asociaciones y ha destacado la importancia de que las denuncias proporcionen una ubicación lo más ajustada posible del lugar de los hechos, reflejar si los hechos se han denunciado en otra administración para coordinarse y sobre todo ha destacado que no se debe comunicar al denunciado que se ha interpuesto la denuncia.

En datos, el teniente ha indicado que el número de personas investigadas o detenidas por delitos de maltrato animal en 2018 por la Guardia Civil en España fueron 590 y que el instituto armado llevó a cabo 11.774 actuaciones,de las que 10.920 fueron por la vía administrativa y 854 por vía penal.


Por su parte, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha resaltado las deficiencias en materia legislativa y administrativa por la falta de implicación de los poderes públicos en estos casos.

Desde el punto de vista legislativo, la magistrada considera que la principal reforma que sería muy importante que saliera adelante es una modificación del Código Civil "para considerar a los animales como lo que son: seres vivos dotados de sensibilidad, que permitirá la mismo tiempo establecer ciertas reformas en el ámbito penal".

"Son muy importantes porque los artículos están definidos de tal forma que son muy interpretables, con conceptos jurídicos indeterminados", ha detallado la jueza sobre la tipificación de los delitos en cuestiones como el maltrato cruel o el ensañamiento.

La magistrada considera que la penalidad de estos delitos no es suficiente porque "para que cumpliera una finalidad realmente disuasoria, que evitara que otras personas pudieran copiar el canon de que maltratar sale gratis habría que elevar la pena, por lo menos en los caos más extremos o de mayor gravedad, a superior de 2 años" para eludir en esos casos la suspensión sistemática del cumplimiento de las condenas.

De Lara ha llamado la atención sobre el hecho de que en este clases de delitos muchos maltratadores no tienen antecedentes porque hasta 2010 muchos delitos que ahora son menos graves, antes eran faltas y no generaban dichos antecedentes.

La magistrada también ha reclamado la implicación de los poderes públicos en la exigencia del cumplimiento de las normas, con labores de formación a las unidades especializadas de policía, y de los jueces, así como medios para los inspectores de medio ambiente pueden comprobar de forma efectiva que se cumple la legislación en las explotaciones.

También cree que se tiene que exigir el cumplimiento de las sanciones así como financiar a las protectoras y albergues para que cumplan su finalidad y no se conviertan en cementerios vivientes

Por último, el Policía Local de Castellón Pedro Moratalla, coordinador del proyecto de la unidad especializada UPROMA, ha abogado por la creación de estos grupos y por la formación de los agentes. Ha explicado que se está dando formación a los policías de nuevo ingreso, que ha calificado de "importante y necesario" y ha señalado la necesidad de extenderla, sobre todo al maltrato psíquico.

Pero más allá de las leyes y su aplicación, todos los ponentes han coincidido en la necesidad de potenciar la formación de los agentes policiales, especialmente los policías locales, para actuar de manera eficiente ante cualquier escenario.