Los rent a car avisan: Baleares no tiene suficientes puntos de recarga eléctrica para cumplir la ley

Además, esta asociación reclama más tiempo para que los fabricantes lancen una mayor oferta de vehículos eléctricos que facilite esta transición, ha afirmado Aneval este miércoles en un comunicado.

Para esta entidad, las exigencias de esta ley, cuyo objetivo es que en 2020 el 2 % de las compras de vehículos de Baleares por parte de los alquiladores sean eléctricos y un 0,6 % de la flota esté electrificada, no se ha visto "acompasada" por una política de inversiones en infraestructuras.

Tampoco se dispone de un plan de incentivos que, en lugar de prohibir las motorizaciones de combustión, estimule la demanda de esta nueva tecnología.

Prueba de ello, argumenta Aneval, es que mientras que las ventas de modelos eléctricos en Baleares apenas han crecido un 0,7 % en lo que va de año, en Canarias ha sido del 75 % por la iniciativa de la administración canaria de eliminar el IGIC en la compra de este tipo de modelos.

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Además, Baleares es la novena comunidad con menor penetración de vehículo electrificado y de desarrollo de infraestructura de recarga, según datos de la patronal de fabricantes Anfac del segundo trimestre del año, por detrás de regiones con menor PIB per cápita como Asturias y Castilla-La Mancha.

Por otra parte, Baleares es la segunda comunidad con menos puntos de recarga rápida tras Ceuta y Melilla.

Para Aneval, el cumplimiento de esta normativa en los términos planteados es "todavía más difícil" si se tiene en cuenta la falta de una oferta completa de vehículos eléctricos, pues del total de 336 modelos que se comercializan en España, tan sólo 21 son eléctricos (el 6,2 % del total de modelos ofertados).

Esto explica que estas motorizaciones sólo acaparen un 0,7 % de las ventas totales en lo que va de año.

Por otro lado, la asociación recuerda que la Ley de Cambio Climático presenta “indefiniciones” de carácter temporal y territorial que "dificultan en extremo" llevar el texto legal a la práctica.

Esta normativa, ahonda Aneval, no tiene en cuenta que las decisiones de compras no son geográficas y que el carácter móvil de las flotas entre territorios complica cuantificar qué compras están destinadas a operar en cada zona.