Coche eléctrico, un plan lejos de encajar en la realidad actual

Los coches eléctricos matriculados en Baleares apenas representan el 0,25 por ciento del total de vehículos que circulan por las islas. Actualmente, en Baleares hay 1.030.451 vehículos de los que únicamente 2.478 son eléctricos o híbridos, según datos del Institut Balear d'Estadística (Ibestat) y de Red Eléctrica. La proporción es similar al resto del país, donde únicamente hay algo más de 81.000 vehículos eléctricos. Sólo Madrid y Barcelona escalan algo por encima de la media nacional, sin que tampoco sus datos lleguen a suponer una gran implantación del coche eléctrico.

Las cifras demuestran que la fórmula está muy lejos de convertirse en una alternativa real que desbanque, a corto plazo, a los vehículos tradicionales de combustible. En parte por los precios y sobre todo por las dudas que suscitan los escasos puntos de recarga. Sobre el primer aspecto, los precios de los coches eléctricos o híbridos se han ido reduciendo -siendo aún altos-, y cabe suponer que un escenario de mayor demanda aumentaría su producción y por lo tanto reduciría el coste. Sobre la recarga, sin embargo, se plantean problemas que afectan a la instalación de puntos suficientes, a la reducción de los tiempos de carga y al suministro eléctrico necesario para alimentar los miles de puntos necesarios, un aspecto este último de capital importancia en el ámbito insular de una comunidad como la balear.

La tozuda realidad choca contra los planes ideados por las administraciones. La Ley del Cambio Climático y Transición Energética aprobada por el Parlament balear prohibirá el acceso de vehículos diésel a las Islas Baleares a partir del año 2025 y la misma prohibición entrará en vigor para el resto de vehículos contaminantes a partir de 2035. Al ritmo actual de implantación, tales plazos parecen difíciles de cumplir.

En Alemania, el gobierno ha establecido una prima para la compra de vehículos eléctricos nuevos. El gobierno federal y la industria automovilística germana han destinado -a partes iguales- 1,2 billones de euros a subvencionar con 4.000 y 3.000 euros la compra de cada coche nuevo, dependiendo de si es eléctrico o híbrido. Además, se ha previsto una inversión de 300 millones para aumentar la red pública de recarga y la exención por diez años del impuesto de circulación. Acciones similares en Noruega ya suponen que de cada dos nuevas matriculaciones en el país nórdico, prácticamente una sea la de un coche eléctrico.

Son parámetros que apuntan el camino que debería emprender España. La modesta inversión de 9 millones de euros del Govern balear para instalar 561 nuevos puntos de recarga entre 2019 y 2020 -que se sumarán a los 361 existentes- es plausible, pero resultará estéril si no se plantea una estrategia de alcance nacional que involucre a múltiples sectores públicos y privados. La apuesta por la movilidad sostenible es entendida por la sociedad, pero hace falta un impulso que sólo puede provenir del gobierno central.