Los sindicatos CCOO y UGT han reunido este domingo a un centenar de personas en la plaza de Cort de Palma, en el marco de las movilizaciones estatales para reivindicar la defensa de los derechos sociales.
El secretario general de CCOO en Baleares, José Luis García, ha señalado que, a pesar del acuerdo entre PSOE y Junts para salvar parte de las medidas del decreto ómnibus, “los sindicatos han decidido mantener las protestas”. Según García, la negativa inicial del PP, Vox y Junts a aprobar el decreto en el Congreso “fue una muestra de que los derechos de los trabajadores y pensionistas no deben ser moneda de cambio político”.
García ha comentado que el decreto incluía “medidas sociales clave”, como la revalorización de las pensiones, ayudas para el transporte público y la reconstrucción tras la DANA. Ha criticado que su rechazo fue resultado “de una mayoría de derechas”, lo que generó “incertidumbre entre la población más vulnerable”.
Los sindicatos consideran que esta situación es inaceptable y han decidido “seguir con las movilizaciones para exigir a los partidos políticos que prioricen los derechos laborales y sociales”. García ha denunciado que el tacticismo político en el Congreso “está devaluando las instituciones y la democracia”.
La portavoz de la comisión gestora de UGT en Baleares, Xisca Garí, ha asegurado que los derechos de los trabajadores “no pueden ser rehenes de intereses partidistas”. Ha advertido que medidas fundamentales, como la subida del salario mínimo, el ingreso mínimo vital y la revalorización de pensiones, han sido utilizadas como “herramienta de presión política”.
Garí ha recalcado que en Baleares, donde el costo de vida es elevado y los salarios no crecen al mismo ritmo que los precios, “es fundamental garantizar políticas de redistribución de la riqueza”. En este sentido, ha pedido a los partidos políticos que sean “responsables y permitan la aprobación del decreto”, pese a que desde UGT consideran que aún es “insuficiente”.
Los sindicatos han advertido que “seguirán con las protestas en la calle”, exigiendo medidas urgentes como la reducción de la jornada laboral y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Han hecho un llamado a los representantes políticos para que no bloqueen las instituciones y permitan la implementación de políticas sociales que protejan a la ciudadanía.