Brecha digital: menos de uno de cada cuatro ancianos saben informática

La causa que anida tras este contexto de exclusión digital de una parte de los ciudadanos parece clara. Las generaciones nacidas antes de mediados de los años 50, y que ya superaban los 40 cuando la utilización de Internet se fue haciendo mayoritaria, han tenido que afrontar unas nuevas reglas de juego en sus relaciones sociales, económicas, laborales y cotidianas propiciadas por la progresiva sustitución de la presencialidad por la virtualidad. Y esta circunstancia ha sorprendido con el pie cambiado a muchos de estos usuarios. No a todos, por supuesto, porque también existen numerosos casos de positiva integración en el mundo telemático del siglo XXI.

Pero vayamos con datos concretos. Partiendo de registros contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2019, justo antes de la explosión pandémica, menos del 25 por ciento de personas situadas por encima del tramo de edad de los 75 años presentan habilidades digitales: exactamente, el 23 por ciento. Tan elocuente estadística contrasta poderosamente con el 90 por ciento de jóvenes entre 16 y 24 años (también según datos del INE) que se halla en la situación inversa, es decir, viven, trabajan, juegan, consumen, operan, se relacionan e incluso, en ocasiones, duermen, con Internet de por medio.

Otro informe, en este caso de Eurostat, reafirma que casi la mitad de hombres y mujeres con más de 65 años ven limitado su acceso a la red y al entorno telemático a causa de sus insuficientes habilidades digitales. De hecho, tan solo el 6,5 por ciento de personas situadas en este grupo etario atesora conocimientos avanzados en este ámbito, muy por debajo del 68 por ciento que acreditan los jóvenes hasta 24 años.

MÁS DESIGUALDAD TRAS LA PANDEMIA

El escenario de limitación de acceso al mundo virtual por parte de este colectivo se agravó todavía más a consecuencia de la pandemia. De pronto, la ciudadanía tuvo que adaptar sus maneras de relacionarse y operar a las nuevas condiciones establecidas por las normativas de control sanitario, y ajustarse a estos parámetros implicaba, como mínimo, dos condiciones indispensables: contar con los recursos digitales necesarios, y, por supuesto, disponer de conocimientos suficientes acerca del manejo de estos equipamientos.

Esos eran los requisitos impuestos por el confinamiento y las restricciones a la movilidad establecidas desde las administraciones, y, casi de un día para el otro, surgieron términos como teletrabajo o telemedicina, no del todo inéditos pero cuyo protagonismo había sido muy inferior hasta ese instante.

No obstante, la adecuación al contexto surgido a partir de la Covid 19 no ha sido igual para todos, y, una vez más, el grupo que más ha padecido las consecuencias de este cambio de reglas, además, en este caso, severamente abrupto, ha sido el de las personas de edad más avanzada. Casi de un día para otro, se vieron privadas de la posibilidad de acudir presencialmente a la consulta del médico o de cualquier otro profesional sanitario, y, en su lugar, se les ofreció la vía tecnológica, es decir, la opción (en este caso, obligación, dadas las circunstancias pandémicas) de gestionar todas sus necesidades en materia de salud sin moverse de casa y estando pendientes del ordenador y de un sistema telemático de los que muchos de estos ancianos desconocen su manejo.

LAS OTRAS BRECHAS

Estas situaciones no se circunscriben exclusivamente al ámbito de la tercera edad. Existen, de hecho, muchos tipos de brechas. La primera de ellas tiene que ver con la capacidad económica ya no de las unidades domésticas sino de los territorios en su conjunto. Los datos también son claros a este respecto: según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el 59 por ciento de la población mundial dispone de acceso a Internet. Sin embargo, mientras en Europa y Norteamerica este valor alcanza el 85 por ciento, en África se sitúa por debajo del 40 por ciento.

Una segunda limitación, esta sí correspondiente al medio familiar, es la carencia de poder adquisitivo para contar con los recursos que se precisan si se pretende asegurar un buen nivel de conectividad. Cuanto más dinero se dispone en un hogar, más fácil será tener al alcance los mejores productos y alternativas que ofrece el mercado de las nuevas tecnologías, y esta diferencia resulta determinante en contextos como el de una pandemia.

No olvidemos que la crisis sanitaria, especialmente a lo largo del confinamiento decretado a partir de marzo de 2020, interrumpió casi absolutamente cada una de las vertientes de la actividad social, y esto afectó directamente al ámbito docente, ya que las clases se suspendieron y la enseñanza pasó a adoptar un formato únicamente virtual. Para las familias con más medios, no fue tan difícil proporcionar a sus hijos las herramientas digitales necesarias; para el resto, en cambio, se abrió un horizonte de incertidumbre que todavía hoy persiste ante la creciente implantación del aprendizaje telemático.

HOGARES SIN CONECTIVIDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

De hecho, los datos muestran que en España hay unas 100.000 unidades familiares que se ven privadas de poner a disposición de sus niños, jóvenes y adolescentes, todavía en edad escolar, la infraestructura de conectividad que necesitan para seguir, al menos con relativa normalidad, las sesiones académicas.

Tampoco la desigualdad entre géneros es ajena al fenómeno de la brecha digital. Los datos de la UIT, actualizados en 2019, certifican que la proporción de mujeres que utilizan habitualmente la red no alcanza el 50 por ciento (48 por ciento, exactamente), mientras que los hombres se acercan al 60 por ciento (58 por ciento).

Esta circunstancia condiciona claramente las alternativas en un mercado laboral que se caracteriza, precisamente, por las exigencias, cada vez más elevadas, en materia de conocimientos digitales. Así, en función de los datos recopilados por Eurostat (en este caso relativos a 2017), solo dos de cada 20 puestos de trabajo vinculados al entorno telemático están ocupados por mujeres; en términos absolutos, únicamente el 15,6 de protesionales ligados al sector de las nuevas tecnologías de la comunicación pertenecen a este género. El resto, más del 80 por ciento, son hombres.

DISCAPACIDAD Y ACCESO A INTERNET

En cuarto lugar, cabe mencionar la brecha digital que afecta al colectivo con problemas de movillidad. El informe 'Tecnología y Discapacidad', elaborado por la Fundación Adecco en 2020, incide en el hecho de que casi la mitad de las personas con discapacidad, residente en España, asegura hallar numerosas barreras y dificultades a la hora de acceder a la vía digital.

Al mismo tiempo, un 32 por ciento de los usuarios a los que se ha pedido información en este estudio reconocen enfrentarse a problemas graves de accesibilidad a causa de sus limitaciones físicas o motoras. Esto implica la conclusión de que, todavía, hoy, la gran parte de los recursos telemáticos no han incorporado versiones suficientemente efectivas para facilitar su uso por parte de este grupo de población.

Estamos hablando de webs adaptadas, de dispositivos cuyo manejo resulte viable para estos ciudadanos, quienes, además, manifiestan su creciente desconfianza hacia Internet debido al hecho de que sus limitaciones les convierten en blancos más propicios en casos de fraudes o estafas telemáticas vinculados a operaciones financieras y bancarias.

GESTIONES BANCARIAS

Precisamente, las gestiones con los bancos constituyen uno de los grandes caballos de batalla de la brecha digital asociada a la edad. Hoy en día, el progresivo cierre de oficinas, unido a los crecientes requisitos limitativos que las entidades imponen a los usuarios para facilitar la tramitación presencial de las operaciones, están provocando que acciones antes muy asequibles para las personas mayores hayan pasado a convertirse en una verdadera carrera de obstáculos.

Desde efectuar el pago de la factura de la luz, el teléfono, el gas, o cualquier otro suministro, hasta cambiar de cuenta una determinada cantidad de dinero, o, en definitiva, realizar cualquier tipo de transacción, son operaciones que resultan de cada vez más complicadas para un colectivo que, en la mayor parte de casos, no domina el entorno digital, y que, al mismo tiempo, observa con impotencia cómo las oficinas de atención presencial van cerrando sus puertas y cómo, paralelamente, el personal de los bancos, siguiendo las indicaciones de la empresa, se muestra sumamente reacio a asistirles personalmente.

La solución que se les pone sobre la mesa es la de que realicen sus trámites por Internet, y que, en definitiva, se olviden de desplazarse hasta la sede bancaria. Por supuesto, el mensaje que se les traslada tiene que ver con la supuesta comodidad del usuario, pero el problema se suscita cuando ante el cliente se alza el muro infranqueable del desconococimiento en relación al funcionamiento de las herramientas digitales.

Los bancos no son el único entorno en que esta situción se está generalizando a marchas forzadas. Las empresas de otros sectores, como las eléctricas o las de telefonía, están optando también por la vía de atención telemática: genera menos costes de personal y contribuye a incrementar la cuenta de beneficios. La patata caliente se queda, por tanto, en el plato del usuario afectado por la brecha digital, que debe luchar con un número indefinido de barreras para ver satisfechas sus expectativas.

MÁS DEL 75 POR CIENTO DE JUBILADOS NO UTILIZA LA VÍA 'ONLINE'

No en vano, los sistemas 'on line' que bancos y otros proveedores esgrimen como fórmula idónea para contrarrestar la menguada atención presencial, no están calando entre la tercera edad. Un informe elaborado en 2019 por la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España recoge que, hace apenas dos años, más del 75 por ciento de ancianos residentes en el país (exactamente, el 76,9 por ciento) aseguraba que no estaba utilizando la ‘banca online’, en la mayor parte de los casos por el profundo desconocimiento de su operativa.

La consecuencia inmediata es que tres de cada cuatro ciudadanos españoles de más de 65 años han perdido, en gran parte, la posibilidad de ser atendido en una oficina bancaria sin que esta nueva situación se haya visto compensada por la plena disponibilidad de un efectivo servicio ‘online’, al que estos usuarios contemplan como una vía prácticamente inaccesible.

Con la irrupción de la pandemia, a partir de marzo de 2020, el escenario se complicó todavía más para estos clientes, ya que las normativas sobre confinamiento y limitación de la movilidad para hacer posible la prevención de los contagios conllevaron, como directa consecuencia, que los procedimientos telemáticos fueran todavía más necesarios.

En el escenario epidemiológico actual, del que no forma parte el confinamiento, los consumidores ya pueden salir a la calle para efectuar sus compras o, en el caso de los bancos, sus trámites, pero el problema es que en un número creciente de municipios ya no existe ninguna sucursal a la que acudir, o bien las pocas que quedan acogen una afluencia de clientes tan numerosa que las colas, agravadas por las medidas anti Covid en interiores todavía vigentes, resultan muchas veces kilométricas.

SIN OFICINA PRESENCIAL EN 4.400 MUNICIPIOS

Según datos del Banco de España bastante recientes (de hecho, corresponden al mes de junio de 2021), y que forman parte del informe denominado ‘Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo’, más de 4.400 municipios del país ya no disponen de sucursal en sus territorios: exactamente, 4.443. Esta cifra supone, en términos proporcionales, que esta situación es común a más del 50 por ciento de localidades del conjunto del Estado (54 por ciento), afectando a un número superior al millón y medio de ciudadanos.

La denominada ‘España despoblada’ es la zona del país que en mayor medida está siendo víctima de este proceso de deserción de los negocios bancarios. Castilla y León encabeza todos los registros, con nada menos que un 80 por ciento de municipios sin oficina, aunque el contexto también es complicado en los pequeños pueblos de Aragón (60,5 por ciento de localidades desprovistas de atención presencial), Navarra (54,4 por ciento), Cataluña (52,1 por ciento) y Castilla la Mancha (51,1 por ciento).

Tampoco Baleares es un territorio ajeno a esta situación. En Mallorca, los vecinos de Deià han sido los últimos en ser informados del cierre de la única oficina bancaria que todavía permanecía abierta en este pequeño pueblo de la Serra de Tramuntana. La espiral de clausuras de este tipo de dependencias también ha afectado gravemente a municipios como Costitx, Sóller, Lloret, Montuïri, Bunyola, Mancor de la Vall, Esporles y Fornalutx. Estas y otras zonas de la isla corren el riesgo de quedarse sin oficinas bancarias, si es que eso no ha sucedido ya, como ocurre en Deià, Mancor de la Vall, Estellencs y Escorca.

Y cuando eso sucede el colectivo más perjudicado es el de las personas mayores que todavía no han podido superar los graves inconvenientes de la brecha digital.

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