Baleares, el peor escenario de la crisis económica en toda España

Las elevadas cifras del paro en Baleares son la más grave consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia. Las Islas volvieron a liderar las cifras del desempleo en España en noviembre sumando 3.617 nuevos parados en un mes y alcanzando un total de 85.330 personas sin trabajo, 23.187 parados más que hace un año, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se trata de la cifra más alta de parados para un mes de noviembre desde 2013, cuando -en plena salida de la anterior crisis- Baleares llegó a contabilizar 91.498 desempleados.

En paralelo a estos datos, la Seguridad Social perdió 19.154 afiliados en noviembre en las Islas contabilizando una media de 421.954 afiliados, casi un 7 por ciento menos que hace un año. De estos, 329.081 son trabajadores en el régimen general y 91.061 autónomos, que siguen teniendo un peso importante en el tejido laboral de la comunidad.

Las esperanzas a corto plazo se centran en la campaña de Navidad y, más adelante, en el inicio de la temporada turística, con la confianza puesta en los remedios médicos y las vacunas que puedan devolver una cierta normalidad a la principal actividad económica de Baleares. Los datos conocidos también este miércoles sobre la ausencia de turistas completan un escenario desolador. Las restricciones a la movilidad en todos los países han ahondado la crisis, provocando que Baleares haya recibido en lo que va de año tan solo 1,67 millones de turistas extranjeros, un 87,4 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos en octubre bajaron hasta los 83 millones, un 93 por ciento menos que el año pasado en las mismas fechas.

Mientras no se normalice la situación sanitaria, el panorama requiere en Baleares una reacción decidida y urgente de todos los agentes implicados. Esta comunidad sufre como ninguna los efectos de la crisis por lo que el apoyo a las empresas debe ser una prioridad; de la misma manera que urge activar proyectos de colaboración entre la iniciativa pública y la privada y garantizar la protección de los más afectados el tiempo que haga falta.