Se acaba el plazo de seis meses del que dispone el Govern antes de informar de los pasos dados para solicitar al Gobierno central el establecimiento de destacamentos permanentes de la Unidad de Militar de Emergencias (UME) en las islas. Hasta el momento no consta movimiento alguno al respecto. Cabe recordar que el Parlament aprobó el pasado 24 de abril una Propuesta No de Ley (PNL) del Partido Popular para solicitar el Ejecutivo central una base de la UME en Baleares. La PNL aprobada quedó ratificada por acta de la mesa del Parlament el 2 de mayo. En declaraciones a mallorcadiario.com, la portavoz popular Marga Prohens asegura que “en Més están nerviosos con este tema” y que “seguimos reivindicando una base fija de la UME en Baleares, lo mejor es que estén cerca de nosotros”. La actuación de la UME fue determinante en las recientes inundaciones de Sant Llorenç, aunque su llegada no se produjo hasta primeras horas del día siguiente, trasladando efectivos desde Valencia y Barcelona.
DAR EXPLICACIONES
Aunque el Govern no tiene fecha para cumplir las resoluciones del Parlament, sí que debe dar explicaciones si seis meses después de ser aprobadas no se han puesto en marcha. Prohens señala que “nosotros seguimos el calendario. Al pasar los seis meses podemos pedir una comparecencia del Govern para explicar qué se ha hecho. Vamos a esperar un poco, no queremos que se nos tilde de oportunistas”.
Sobre la PNL de la UME corresponderá dar explicaciones a Cati Cladera como responsable de Administraciones Públicas o a Pilar Costa, consellera de Presidencia.
El Govern presidio por Armengol ha ignorado buena parte de las decisiones del Parlament. Al respecto, Prohens asegura que “el Govern actúa de espaldas al Parlament. Por ejemplo aún no se ha puesto en marcha el servicio de Alergología tal y como se aprobó”.
Añade que “recordemos que Armengol en su debate de investidura dijo que el Parlament debía ser el centro de la política. En su lugar, vemos que lo que se aprueba en el Parlament son encargos a la madre superiora”.
EL GOVERN IGNORA LAS DECISIONES DEL PARLAMENT
Como ejemplo están las 132 propuestas de resolución aprobadas por el Parlament en el año 2016. Un año después el Govern tan sólo había puesto en marcha 70, poco más de la mitad de lo acordado. En el año 2017 prácticamente se reproduce el caso, cuando las propuestas de resolución fueron 133 y 61 de ellas quedaron pendientes de desarrollo.
Un caso especial es de la moción presentada por el PP en septiembre de 2015 para pedir el cese del director general del IB-Salut, Juli Fuster, por un supuesto caso de nepotismo al ser la pareja sentimental de la consellera de salud, Patricia Gómez. En aquella ocasión la propuesta salió adelante con los votos de Podemos que se desmarcaron del Pacte. A fecha de hoy, Juli Fuster sigue en su cargo.
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DIVISIÓN EN EL PACTE
La PNL popular relativa a la UME se aprobó con los votos favorables de PP, PSIB-PSOE, El PI, Ciudadanos y los diputados del Grupo Mixto Montse Seijas y Álvaro Gijón. Votaron en contra Més per Mallorca, Més per Menorca y la diputa mixta Xelo Huertas. Podemos se abstuvo.
La división en el seno del Govern y sus socios externos fue manifiesta. La presidenta del Govern, Francina Armengol, votó en favor mientras que su mujer de confianza y número 2 del Ejecutivo, la vicepresidenta y responsable de Turismo, Bel Busquets, de Més, se opuso al destacamento de los militares en Baleares.
MÉS REITERA QUE LA UME “NO ES NECESARIA”
Especialmente polémica fue la postura de los socios de Més per Menorca. El diputado Nel Martí aseguró que “querer una unidad permanente de la UME es injustificable” ya que, en su opinión, se “utilizan todas las instituciones del Estado para infligir miedo a la población y amedrentarla”. Definió a Més per Menorca como “gente de paz”.
Por su parte, Josep Ferrà, portavoz del grupo parlamentario de Més per Mallorca, compareció junto a Martí el 25 de abril para oponerse a la aprobación de la PNL que ya había sido votada. Manifestó entonces que el establecimiento de una unidad permanente en las Islas “no está acompañado de ningún criterio técnico”. Insistió en que "no hay constancia de que sea necesaria la implantación de la UME" en la Comunidad Autónoma.