UME en Balears, la seguridad debe estar por encima de ideologías

A finales de octubre acaba el plazo para que el Govern cumpla con el mandato del Parlament por el que debía solicitar al Ejecutivo central una base permanente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Baleares. El pasado 24 de abril, la Cámara balear aprobó una propuesta no de ley en este sentido, que salio adelante con los votos de PP, PSIB-PSOE, El PI, Ciudadanos y los diputados del Grupo Mixto Montse Seijas y Álvaro Gijón. Podemos se abstuvo y Més votó en contra, en lo que probablemente ha sido uno de los episodios con más discrepancias en el seno del Pacte.

Aunque resulte sorprendente, el Govern no tiene la obligación de cumplir las resoluciones del Parlament, aunque transcurridos seis meses -como ocurre ahora con este caso-, los grupos sí pueden exigir su comparecencia para que dé explicaciones. La petición para que haya un destacamento fijo de la UME en Baleares fue muy criticada por Més, y especialmente por sus representantes de Menorca, cuyo portavoz, Nel Marti, llegó a afirmar que la UME "no hace falta en Baleares" y que su presencia proyecta "una imagen militarizada" de la comunidad. "Vienen a meter miedo", sentenció textualmente.

El debate se ha recrudecido estos días tras haber transcurrido este plazo sin que se haya producido ninguna demanda por parte del Govern, pero sobre todo tras la actuación de la UME en las inundaciones de Sant Llorenç en las que fallecieron 13 personas. La unidad tuvo que desplazar al lugar de la tragedia casi medio millar de efectivos desde Valencia y Barcelona, que no estuvieron en disposición de actuar hasta el día siguiente de la riada.

Quienes se oponen a esta presencia fija de la UME en Baleares insisten en que es preferible dotar con más recursos a los cuerpos de bomberos y emergencias. Sin embargo, no es incompatible una base de la UME con que haya una óptima dotación de los equipos ya existentes en nuestra comunidad.

No deben caber prejuicios ideológicos cuando lo que está en juego es la seguridad de las personas. Bien lo entendió el alcalde de Marratxí, Joan Francesc Canyelles, también de Més per Mallorca, al conocer el posible cierre del actual cuartel de la Guardia Civil de Es Pont d'Inca y apresurarse a ofrecer una oficina junto al cuartel de la Policía Local en el polígono con tal de que los agentes del instituto armado permanecieran en el municipio. Es una reacción lógica de quien tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar y la seguridad de los vecinos. Una reacción que, sin embargo, no se está produciendo en el caso de la UME, donde se impone el juego de equilibrios entre los partidos del Pacte a la política del bien común.