Se trata de la investigación judicial a la presunta trama de trato de favor al jefe de campaña de Més, Jaume Garau, por parte de altos cargos del Govern: desde el mismo Garau hasta la dimitida consellera de Cultura, Ruth Mateu, y su director general, Jaime Gomila -también dejó el cargo tras saltar el escándalo- así como el entonces director de la ATB, Pere Muñoz.
Hay que recordar que la causa saltó al plano judicial el pasado mes de abril por una querella de la Fiscalía Anticorrupción ante la sospecha de delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación a una serie de contratos por valor de 153.000 euros adjudicados desde las consellerias de Turisme y Cultura, dirigidas por Més, a empresas de Garau mediante el sistema de negociado sin publicidad. Tras analizar los informes policiales y los expedientes durante meses, Anticorrupción presentó la querella y el Juzgado lo asumió.
Ahora, el instructor decide el sobreseimiento provisional de las actuaciones "por considerar que no ha resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos que han dado motivo a la formación de la causa, previo registro en el libro correspondiente".
El juez señala que únicamente cabe reputar como prevaricación una resolución administrativa "cuando la ilegalidad sea 'evidente, patente, flagrante y clamorosa'", algo no aplicable a estos contratos como tampoco que se hayan realizado con desprecio y en perjuicio de los intereses generales.
Tanto la ex consellera de Transparencia, Cultura y Deportes, Ruth Mateul, como el ex director general de Cultura, Jaume Gomila, y el ex director del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), Josep Ramon Cerdà, aseguraron ante el juez que los contratos de la Conselleria con empresas del ex jefe de campaña se hicieron correctamente, "se tramitaron correctamente".
En declaraciones a mallorcadiario.com, Pere Muñoz, se muestra satisfecho por la decisión judicial. "Ha tenido un coste político y personal muy elevado y ésto demuestra que algo hay que hacer cuando se presentan denuncias y se genera una condena social a las personas investigadas". A lo que agrega que "se ha demostrado que no hay nada de nada".