El Govern anuncia que recurrirá la sentencia sobre el proyecto urbanístico de Muleta II

El Tribunal estima el incidente de imposibilidad de ejecución promovido por la entidad Birdie Son Vida por incumplir un acuerdo transaccional con el Ejecutivo autonómico en el que se reconocía la calificación de suelo urbano de los terrenos de Muleta II de Sóller. Así, la Sala condena al Govern a indemnizar a la entidad demandante en la cantidad de 63.533.374,48 euros más intereses desde el 18 de mayo de 2009 y le impone las costas de dicho incidente.

Según ha recordado el TSJIB en una nota de prensa, la entidad Birdie Son Vida presentó en 2020 ante la Sala un recurso contencioso-admininstrativo contra la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta contra el Govern, a consecuencia de la aprobación de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, que determinó la desclasificación de la urbanización Muleta II, en Sóller, que pasó a ser suelo rústico protegido.

No obstante, durante la tramitación del procedimiento contencioso-administrativo, entró en vigor el Decreto Ley CAIB 2/2012, de 12 de febrero que facultaba el retorno de los terrenos a su clasificación como suelo urbano; y la Ley CAIB 7/2012, de 13 de junio, en el mismo sentido. Por todo ello, una vez practicada la prueba pericial, de acuerdo con dicha normativa, los peritos designados judicialmente señalaron que los terrenos cumplían con todos los requisitos requeridos para ser clasificados nuevamente como suelo urbano.

ACUERDO TRANSACCIONAL

Posteriormente, en julio de 2013, la parte actora y el Govern comunicaron a la Sala Contenciosa del TSJIB haber llegado a un acuerdo transaccional, en el que manifestaron que el pleito quedaba sin objeto al volver a tener la consideración de suelo urbano los terrenos comprendidos en la urbanización Muleta II, en Sóller, conforme con la Ley 7/2012. En dicho acuerdo la entidad Birdie Son Vida hizo constar que se reservaba el derecho a iniciar una nueva reclamación patrimonial derivado de acto administrativo frente a la Ley 7/2012. Dicho acuerdo fue aprobado y validado por la Sala.

La entidad demandante promovió la modificación del PGOU de Sóller con la finalidad que contemplara la condición de suelo urbano de dichos terrenos, de acuerdo con la Ley 7/2012 y ante la desestimación de dicha pretensión presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Sóller.

Con la aprobación del Decreto Ley 1/2016 del Govern, la calificación como suelo urbano de los terrenos de Muleta II quedó suspendida; y con la aprobación de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de Baleares, los terrenos volvieron a ser clasificados como suelo rústico protegido con la categoría ARIP.

Finalmente, la entidad Birdie Son Vida promovió incidente de imposibilidad de ejecución contra el auto de homologación del acuerdo transaccional de 2013, al amparo del artículo 105 y 113 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (LJCA). El Govern se opuso y la Sala ha estimado las pretensiones de la parte actora.