Aluvión de querellas contra el Gobierno por la pandemia: el Supremo intenta poner orden

El trabajo, indican fuentes jurídicas a Efe, se centra en "gestionar" las más de 45 querellas presentadas desde marzo por abogados, asociaciones y partidos políticos, si bien precisan que cada semana suelen entrar al tribunal nuevas.

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Uno de los objetivos con las querellas es que, antes de remitirlas al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la admisión o no de las mismas, se agrupen y se les dé un tratamiento conjunto porque no se imputan los mismos hechos en todas ni a las mismas personas.

Además, los magistrados han de delimitar la figura de la acusación popular dado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que a las acciones populares se le imponga una única dirección letrada, como sucedió con Vox en la causa del procés, donde varias asociaciones pidieron ejercer la acusación popular.

Además, existen otras cuestiones de forma como determinar si se exigen fianzas a las acusaciones populares -algo que suele ser costumbre en el tribunal- y recordar en algunos casos que es preciso un poder especial para ejercer la acusación, trámite no cumplimentado en algunas querellas.

QUERELLAS CONTRA SÁNCEHZ, ILLA O SIMÓN, ENTRE OTROS

Las querellas se dirigen en algunos casos contra el Gobierno al completo y en otras contra el presidente, Pedro Sánchez; el ministro de Sanidad, Salvador Illa; e incluso otros cargos del Ministerio de Sanidad, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Se les acusa de delitos de homicidio imprudente, prevaricación administrativa, contra la seguridad de los trabajadores y lesiones por imprudencia profesional.

Entre ellas, destaca la de 116 familiares de víctimas de la COVID-19 contra los 23 miembros del Ejecutivo "como presuntos responsables, criminalmente, de un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave", por "haber permitido por acción o por omisión que la extensión de la pandemia, y el virus Sars-Cov-2, hayan acabado con la vida de los familiares".

O las del Consejo General de Enfermería (CGE) contra Sánchez e Illa por un delito contra la seguridad de los trabajadores, y la de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra el ministro por "presunta actuación negligente" al haber distribuido mascarillas defectuosas entre el personal sanitario.