
El Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB) ha denunciado, “tras examinar detenidamente la Propuesta no de ley que el PSIB quiere que se debata en un pleno extraordinario del Parlament y que la diputación permanente va a decidir este miércoles, que contiene falsedades y posibles fraudes de ley”.
Así, esta entidad señala que en la exposición de motivos se indica que “la píldora del día después se dispensa en las farmacias con los consejos y orientaciones de los farmacéuticos”, algo que es incierto porque “ha comprobado que no existen folletos explicativos desde hace mucho tiempo en la casi totalidad de las farmacias, pese a que se está vendiendo dicho fármaco a menores de 16 años”.
Paralelamente, constatan que el PSIB “asegura que la dispensación de la píldora del día después disminuye los abortos con datos del 2008 (3.387) y 2009 (3.175), omitiéndose el relativo a 2010, en el que los abortos en Baleares han subido a3.295”.
En lo que respecta al punto uno de la Proposiciónno de ley, se habla de “reconocer el derecho a la maternidad libremente decidida y de que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo y que su decisión, consciente y responsable, sea respetada”, al que “el PSIB ha incumplido, porque se ha negado a dar toda la información para que la mujer pueda decidir libre y responsablemente al introducir en el sobre, preceptivo por ley, la dirección de las clínicas privadas y ninguna información tendente a mantener el embarazo”.
Otro de los puntos polémicos para el IPFB es el tercero, relativo a la intimidad, confidencialidad y seguridad jurídica de la mujer que aborta, dado que “como se sabe la mujer antes de abortar tiene que dar su conformidad informada, para lo cual debe poner su nombre y firmar un documento, por lo que es falso que se vulneren estos derechos”.
Finalmente, en el punto seis, “se insta a que se realicen los abortos además de en los centros públicos en los privados concertados y acreditados”, por lo que el IPFB “sospecha del fraude de ley en el que han incurrido dichas clínicas, con el consentimiento del Govern anterior, al no poder demostrar o certificar la edad gestacional de cómo máximo 14 semanas como marca la ley”.
En consecuencia, el Instituto de Política Familiar exige la “retirada de la propuesta no de ley o la votación negativa dela Diputación Permanente en el Parlament”.
LLAMAZARES PREGUNTA AL GOBIERNO
En otro orden de cosas, el diputado de IU en el Congreso Gaspar Llamazares ha registrado una pregunta parlamentaria por la que solicita información al Gobierno central sobre las medidas previstas para que se garantice la prestación gratuita dela Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)con carácter general y en particular en Baleares.
En la argumentación de dicha iniciativa, Llamazares indica que el Govern balear, “al margen de la Leyde Salud Sexual y Reproductiva, ha anulado el concierto existente con las clínicas privadas”, lo que a su juicio obliga “a las mujeres a abonar el pago de la interrupción del embarazo”.
El diputado de IU subraya que la mencionada Ley recoge que dicha prestación se realizará en centros públicos o vinculados y, excepcionalmente, en centros acreditados con el compromiso escrito de abono de la prestación. Además, apunta que la normativa establece la garantía de dichos derechos por parte dela Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud.
En este sentido, Llamazares también solicita información sobre las medidas que emprenderá el Ministerio de Sanidad para desarrollar la citada Ley, sobre todo en lo relativo a la realización del IVE en la red sanitaria pública o concertada, así como las iniciativas para ejecutarla Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva.