La nueva Ley turística balear perfila actuaciones específicas en materia de sostenibilidad social, todas ellas orientadas a forjar un entorno laboral destinado a asegurar la calidad de vida de los trabajadores del sector. En este sentido, una de las medidas estelares planteadas en el documento normativo es la renovación de las camas hoteleras para que puedan ser elevadas por medios mecánicos o eléctricos, y en ningún caso manuales.
Esta prerrogativa se aplicará en el caso de todos aquellos alojamientos turísticos donde exista la obligación de efectuar diariamente las labores de limpieza de las habitaciones. La previsión es que, en el conjunto del archipiélago, se renueven más de 300.000 camas.
Para hacer realidad esta progresiva sustitución de los antiguos modelos de camas, y colaborar con las empresas del sector a la hora de acelerar este proceso de transformación, se ha habilitado una partida de 15 millones de euros.
SOSTENIBILIDAD SOCIAL
La sostenibilidad social es uno de los cuatro grandes ejes de la nueva Ley General turística de Baleares, que permitirá consolidar el compromiso de las islas, desarrollado ya durante estos últimos años, como territorio pionero y experto en materia de promoción de un tejido productivo que sume una triple vertiente social, medioambiental y económica.
El texto normativo contempla otros tres pilares neurálgicos: la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad territorial y la modernización y simplificación administrativa.
Para llevar a buen puerto esta hoja de ruta, el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball i la Agència d’Estratègia Turística, ha elaborado la Ley general de turismo, que contempla 60 millones de euros en ayudas directas destinadas a apoyar al sector turístico en su proceso de transformación hacia la excelencia.
RENOVACIÓN DE LAS CAMAS HOTELERAS
Centrándonos en el eje sobre sostenibilidad social, la Ley turística perfila actuaciones específicas orientadas a forjar un entorno laboral alineado en la dirección de asegurar la calidad de vida de los trabajadores del sector.
En el caso de una de las medidas más destacadas de todas las que se hallan planteadas en el documento normativo, como es la renovación de las camas hoteleras hasta completar una previsión inicial de 300.000 unidades, las empresas dispondrán de un periodo máximo de seis años para culminar la adaptación de su oferta a este requisito, si bien, en el caso de los establecimientos pertenecientes a las categorías superiores, la Administración competente demandará una mayor celeridad.
REIVINDICACIÓN HISTÓRICA
Precisamente, la modernización de las camas vacacionales era una reivindicación histórica de las camareras de piso, uno de los colectivos tradicionalmente más afectados por la siniestralidad laboral.
De hecho, según refleja el estudio Ibassal-Meliá, estas profesionales sufren en sus carnes más del 27 por ciento (exactamente, 27,3 por ciento) de los accidentes que se producen en los puestos trabajo del sector, y, además, de estos percances, el 35 por ciento está relacionado con sobreesfuerzos físicos que guardan una íntima relación con las características de modelos obsoletos de camas que no disponen de medios no manuales de elevación.
BUENAS PRÁCTICAS
Igualmente, cabe remarcar que, en función de la aplicación de la Ley turística, el Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (Ibassal), organismo integrado también en la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, liderará un grupo de trabajo con representantes del sector para evaluar las medidas y buenas prácticas introducidas en materia de ergonomía o carga de trabajo en todas y cada una de las áreas de servicio de los establecimientos vacacionales.
Por otro lado, la normativa se hace eco también de la exigencia de que los alojamientos cuenten con unas instalaciones térmicas, ya sea aire acondicionado, calefacción u otro tipo de equipamientos, que resulten confortables no solo para los clientes, sino también en el caso de los empleados.
Por esta razón, esta infraestructura deberá habilitarse también aquellos espacios destinados exclusivamente a su uso por parte de los trabajadores, como las cocinas o las salas de personal.
LEY TURÍSTICA
La sostenibilidad social es, por tanto, el primer gran eje de la Ley turística balear. Como motor de riqueza en el archipiélago, el turismo y su cadena de valor constituyen la punta de lanza de esta apuesta balear por un nuevo enfoque de las relaciones entre proveedores y clientes, y también entre las empresas y sus trabajadores.
Desde la Agència Estratègica de Turisme de les Illes Balears (Aetib), como departamento nuclear de las políticas turísticas a nivel autonómico, se ha destacado la necesidad de “dar un paso más” en el camino de ratificar el liderazgo de las islas en el sector, y hacerlo a partir de una Ley que centra su radio de acción en la experiencia de los visitantes, la calidad en las condiciones laborales y el respeto al bienestar de la población residente.
LIDERAZGO DE BALEARES EN EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN
Diseñada desde esta triple perspectiva, la nueva normativa autonómica hará posible que Baleares lidere la transformación y modernización del sector vacacional, extendiendo sus efectos positivos en el conjunto de la sociedad.
Esta meta neurálgica se concreta, en la Ley, a partir de un modelo turístico de colaboración capaz de incidir en un crecimiento económico inclusivo y sostenible para tender hacia el fortalecimiento de una oferta turística de calidad que destierre la denominada ‘demanda de excesos’ y sitúe como epicentros la conservación y divulgación del patrimonio y el respeto al bagaje ambiental y cultural de cada una de las islas que integran el archipiélago.
SANCIONES
El texto contempla diferentes sanciones económicas en función del tipo de infracción que se cometa.
De esta manera, cada cama elevable que no haya sido pertinentemente instalada acarreará una multa de 500 euros, a la vez que otras vulneraciones, reflejadas en los restantes ejes del documento, implicarán también las correspondientes sanciones.
En cuanto al resto infracciones, las sanciones oscilarán entre los cuatro mil y los 40.000 euros.
A tenor del marco de atribuciones en el sector del turismo, la Ley advierte de que cada uno de los gobiernos insulares es competente en sus respectivos territorios a la hora de iniciar y resolver los procedimientos vinculados al incumplimiento de la normativa, imponiendo los requerimientos económicos que sean preceptivos.
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