Una macrogranja avícola en Sineu que nadie quiere

El proyecto de macrogranja avícola en el municipio de Sineu ha generado una intensa controversia. El proyecto, que contempla la cría de cerca de 750.000 gallinas ponedoras y de recría, ha encendido las alarmas entre los vecinos del municipio y los de los pueblos colindantes. También el Consell de Mallorca ha manifestado su oposición a esta nueva explotación avícola y en su día la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern emitió dos informes contrarios. La preocupación es compartida y evidente: estamos ante un proyecto sobredimensionado cuyas repercusiones podrían ser devastadoras.

El modelo de macrogranja avícola que se plantea está en clara contradicción con el desarrollo sostenible que las Islas Baleares han buscado fomentar durante los últimos años. En una isla como Mallorca, que se ha esforzado por proteger su entorno natural y promover una agricultura de proximidad, el impacto de una instalación de este tipo sería considerable.

Las macrogranjas conllevan riesgos medioambientales, como la contaminación de acuíferos y la emisión de gases nocivos

Las macrogranjas conllevan riesgos medioambientales, como la contaminación de acuíferos y la emisión de gases nocivos, además de poner en jaque la economía local basada en un modelo agropecuario más respetuoso y de menor escala.

La oposición parece unánime. Los ayuntamientos afectados, así como entidades animalistas y ecologistas han presentado alegaciones al proyecto, argumentando que los recursos hídricos de la zona son insuficientes para sostener un proyecto de estas dimensiones. Además, el Consell de Mallorca y la Conselleria de Agricultura han mostrado su preocupación ante el posible deterioro del paisaje y los efectos que este tipo de producción industrial tendría en la biodiversidad de la isla.

Sineu no puede convertirse en el escenario de una explotación intensiva de esta magnitud. La preservación del medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes deben prevalecer sobre los intereses empresariales. Las autoridades competentes tienen la responsabilidad de escuchar a la ciudadanía y apostar por un futuro sostenible que respete los límites de nuestro territorio.