Una "ley seca" para los supermercados en zonas de turismo de excesos

La patronal de la restauración ha enviado una carta a las autoridades de Baleares en la que hace un llamamiento a poner orden tras los numerosos incidentes y botellones que se vienen produciendo desde la desaparición del toque de queda hace una semana. En el escrito, Restauración Caeb exige a los responsables políticos "actuaciones inmediatas" para frenar estos incidentes, a la vez que solicita la apertura de los locales de ocio. La organización pone de relieve que mientras los locales de restauración tienen restringidos los aforos, horarios y distancias, "sin razonamiento ni fundamento sanitario alguno", se pueden realizar reuniones en viviendas sin límite de personas y a cualquier hora del día.

Esta situación, unida al cierre administrativo de todos los locales del ocio nocturno, ha acabado provocando concentraciones en espacios públicos -con poco uso de la mascarilla y nula distancia de seguridad- y ha obligado a llevar a cabo decenas de intervenciones policiales para disolver botellones e imponer sanciones. Las administraciones deben actuar para frenar estas actitudes incívicas que son doblemente graves por la situación de pandemia que atravesamos.

Para ello, la prevención también cuenta. Y una propuesta que Restauración Caeb hace en este sentido es la de impedir la venta de alcohol en los supermercados "low cost" o en los puestos de vendedores ambulantes de las zonas que tradicionalmente atraen al llamado "turismo de excesos", como pueden ser Playa de Palma o Magaluf. Sería una "ley seca" limitada a un entorno y a unos negocios concretos. Que quienes quieran adquirir alcohol, lo conseguirán de otra manera es indiscutible, pero qué menos que ponérselo un poco más difícil.

Todo cuenta a la hora de proteger la actividad turística que se pueda desarrollar durante la difícil temporada que se avecina. Se ha trabajado mucho para evitar este turismo que nadie quiere; y las normativas y restricciones impuestas a quienes han hecho los deberes no pueden servir para promover actuaciones que perjudican la imagen del destino y la propia tranquilidad de residentes y turistas.