Una justicia sin medios es más lenta y menos efectiva

Sobre la situación que atraviesa la administración de justicia en nuestro país es buen ejemplo la decisión que adoptó este miércoles la Audiencia Provincial de Baleares para celebrar por videoconferencia un juicio señalado inicialmente en Ibiza, adonde debía trasladarse la Sección Segunda de la Audiencia desde Palma. El tribunal no consiguió encontrar en Ibiza un alojamiento que pudiera pagarse con los 97 euros de dieta que abona el Ministerio de Justicia, por lo que los jueces decidieron aplazar dos semanas el juicio y realizarlo por videoconferencia.

El episodio podría quedar en simple anécdota si no fuera porque la situación se enmarca en el escenario de gran carencia de recursos ydéficit de organización que está sufriendo la administración de justicia del país y que va a llevar a jueces y fiscales a protagonizar el próximo martes una huelga cuya convocatoria es unánime entre todas las asociaciones.

Las fotos de estanterías atestadas de expedientes o las de funcionarios trasladando en carritos de supermercado los sumarios de las diferentes causas son imágenes tan recurrentes como las de los trabajadores de los juzgados concentrados para protestar por la enésima caída del sistema informático. Ahora son las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales las que reclaman al Ministerio medios suficientes para ejercer su labor.

Las peticiones afectan desde las retribuciones, los permisos o la carga de trabajo, a la modernización global del sistema, los recursos técnicos o la propia estructura de la planta judicial. Reclaman inversiones para racionalizar un sistema al borde del colapso y un refuerzo a la propia independencia judicial. Las relaciones con el titular de Justicia, Rafael Catalá, no atraviesan su mejor momento tras las críticas del ministro a uno de los jueces de la Audiencia de Navarra que juzgó el caso de "La Manada", y después de que la última reunión para acercar posturas, el pasado viernes, acabase en un rotundo fracaso.

La solución al problema no puede estar condicionada por circunstancias coyunturales. Quizá los jueces y fiscales no consigan los 18 puntos que reclaman, pero el Ministerio debería hacer esfuerzos para encontrar una salida a sus demandas de la manera más satisfactoria. Porque, en definitiva, estamos hablando de un estamento capital para el buen funcionamiento de la sociedad; un colectivo que con recursos limitados o, en algunos casos, abiertamente precarios, hace que la justicia sea notablemente más lenta y, por lo tanto,menos efectiva. Una situación que no nos podemos permitir.