Una función pública transparente y sin sospechas

La demanda judicial de la UGT contra el Ib-Salut por la falta de transparencia en el abono de los pluses al personal sanitario es una de las consecuencias de la situación denunciada públicamente por mallorcadiario.com este verano. En esa ocasión fueron 43 jefes de servicio de Son Espases los que firmaron un documento expresando su descontento por la presunta arbitrariedad en el pago de los incentivos hasta el punto que sólo se les habían pagado a 216 médicos de un total de 786.

La controversia llegará ahora a los tribunales tras la denuncia de UGT, sindicato que exige que se garantice el derecho a la negociación colectiva en el Servei de Salut, y que se apliquen criterios de transparencia en el abono de los complementos de productividad.

El Govern debe borrar toda sospecha de favoritismo, por lo que debería velar para que no se produzcan agravios comparativos entre trabajadores públicos de un mismo nivel, ni que se actúe con arbitrariedad sin que exista un conocimiento previo de los objetivos laborales ni de los baremos aplicables.

Esta transparencia debe ser aplicable siempre, pero es especialmente necesaria en momentos de gran incertidumbre como es el final de una legislatura. En este sentido, a la citada denuncia de la UGT sobre irregularidades en el abono de pluses se han sumado los últimos días las denuncias de creación de plazas de interinos para trabajadores "afines" a los partidos que apoyan al Govern. También se ha denunciado la misma práctica en el Ayuntamiento de Palma con la convocatoria exprés de 127 nuevas plazas de funcionarios a pocos meses de las elecciones.

La tentación de establecer un vínculo clientelar con trabajadores públicos que deben su puesto al partido que gobierna no es una práctica nueva. Pero sí debería ser una práctica a erradicar más pronto que tarde. El colectivo de trabajadores públicos debería quedar al margen de las cuestiones partidistas, siendo valorados exclusivamente por sus capacidades y por el trabajo desempeñado. No hacerlo fomenta una imagen que no beneficia al propio colectivo de empleados públicos ni, por supuesto, a la función que representan ante los ciudadanos.