Una decisión de alto riesgo que obliga a blindar Barcelona

La tensión que acumula la situación política en Cataluña tendrá este viernes un nuevo episodio con la reunión que celebrará en Barcelona el Consejo de Ministros con Pedro Sánchez a la cabeza. La idea, surgida inicialmente en un momento de aparente distensión en la crisis catalana, se ha ido envenenando hasta convertirse en un acontecimiento de alto riesgo que ha obligado a movilizar importantes refuerzos policiales desde fuera de Cataluña.

En total se trasladan a Barcelona 750 policías antidisturbios pertenecientes a 15 grupos de la Unidad de Intervención de la Policía Nacional (UIP), mientras otros 200 guardias civiles del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) llegarán a Cataluña en comisión de servicios para participar junto a los Mossos d’Esquadra en el dispositivo de protección del Consejo de Ministros de este 21 de diciembre en Barcelona. La foto de una ciudad bindada por la policía no resulta la imagen más edificante ni tranquilizadora. Especialmente cuando es más que probable que sea necesaria su actuación ante las acciones que ya han anunciado los grupos radicales que forman los CDR (Comités de Defensa de la República) y los más nuevos GAAR (Grupos Autónomos de Acción Rápida) que se coordinan por redes y actúan con gran rapidez en cualquier parte del territorio catalán.

Es indiscutible que el Consejo de Ministros tiene la potestad de reunirse donde considere, pero es difícil comprender los beneficios políticos que puede tener esta reunión en Barcelona para el conjunto de la ciudadanía. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha buscado una reunión a modo de cumbre de igual a igual entre los dos ejecutivos y ha insistido en su planteamiento de que el Gobierno central intervenga en la situación judicial de los politicos catalanes que van a ser juzgados por el desafío separatista. En este contexto, no parece que trasladar la reunión semanal del Consejo de Ministros desde Moncloa a Barcelona resulte la decisión política más acertada, máxime cuando la imagen que puede quedar para los periódicos y televisiones sea la de nuevas cargas policiales y disturbios. Una imagen que puede beneficiar más a quienes buscan radicalizar el conflicto y llamar la atención internacional sobre una supuesta represión política.

La crisis catalana necesita de serenidad para avanzar hacia futuras soluciones. Por ello no es oportuno jugar con fuego ni alimentar a los radicales, de la misma manera que resulta inútil forzar planteamientos políticos que sólo representan a una parte de la sociedad catalana.