Un parche para una Justicia sobrecargada

El Plan del Ministerio de Justicia para que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer asuman también los delitos de violencia sexual a partir de octubre es, cuanto menos, una medida arriesgada. La sobrecarga de estos órganos es una realidad innegable, y las asociaciones judiciales han sido claras en su advertencia: si el sistema ya está al límite, sumarle un 20 por ciento más de casos puede suponer la puntilla definitiva.

Los datos hablan por sí solos. Según la valoración del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 72 por ciento de estos juzgados ya están en situación de riesgo muy elevado por exceso de trabajo. Magistradas como Carmen Gámiz y Gloria Poyatos -titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Madrid la primera, y cofundadora de la Asociación Mujeres Juezas de España (AMJE) y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la segunda.- han alertado de que la calidad de la justicia se verá afectada, pues se necesitará más tiempo para instruir adecuadamente estos casos, escuchar a las víctimas y realizar investigaciones complejas. Pero, en lugar de una ampliación estructural real, el Ministerio ha optado por una solución que parece más cosmética que efectiva: incrementar un 50 por ciento el número de jueces especializados.

La solución no es repartir la carga sin planificación, sino garantizar los recursos suficientes para que la justicia sea efectiva. Si no se corrige el rumbo, los juzgados no sólo colapsarán, sino que las víctimas serán las principales perjudicadas

El problema radica en que ese refuerzo no está claro. ¿De dónde saldrán esos jueces? ¿Se crearán plazas nuevas o simplemente se reasignarán jueces de instrucción a esta área? Como señala Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, se está "desvistiendo un santo para vestir otro", trasladando el problema de la sobrecarga de un lado a otro sin solucionarlo realmente.

Además, la falta de especialización es otro obstáculo. No basta con reasignar jueces de instrucción si no cuentan con la formación adecuada en violencia de género y delitos sexuales. La solución pasa por una convocatoria de oposiciones que garantice jueces específicamente preparados para afrontar estos casos.

A todo esto se suma la falta de personal auxiliar y de infraestructura. No se trata sólo de jueces, sino de equipos multidisciplinares que permitan una atención integral a las víctimas. Sin este refuerzo, la realidad será la misma: más retrasos, más presión sobre los jueces y una atención deficiente para quienes más la necesitan.

La intención del Gobierno de reforzar la lucha contra la violencia machista es positiva, pero no puede hacerse a costa de empeorar la situación actual. La solución no es repartir la carga sin planificación, sino garantizar los recursos suficientes para que la justicia sea efectiva. Si no se corrige el rumbo, los juzgados no sólo colapsarán, sino que las víctimas serán las principales perjudicadas.