Un mal transporte público (aunque sea gratis) no es alternativa al vehículo privado

La gratuidad del transporte público en Mallorca, que se extenderá durante todo el 2023, es una iniciativa que pretende, por un lado, aliviar el incremento generalizado de los precios que sufre la población y, por otra, incentivar el uso de los transportes colectivos frente al vehículo privado. Las intenciones, sin embargo, no siempre obtienen el resultado previsto, tal y como se ha podido observar esta semana sobre todo en el servicio del ferrocarril.

Los trenes de Serveis Ferroviaris de Mallorca -empresa pública dependiente de la Conselleria de Mobilitat- han sufrido esta semana la suspensión de frecuencias y, muy especialmente, una masificación que ha llegado a provocar desmayos entre los usuarios. La SFM demuestra que no está en condiciones para prestar el servicio que se necesita, con un manifiesto déficit de planificación y falta de personal.

Este servicio deficitario de la SFM no es muy diferente al que se enfrentan los usuarios del TIB, cuyas frecuencias y líneas no se ajustan a las necesidades que -sobre todo, fuera de temporada, pero también en verano- requieren los ciudadanos.

Todas las decisiones en materia de movilidad y carreteras adoptadas estos últimos años han ido en la línea de acotar cada vez más el terreno del vehículo privado, siempre con el añadido de querer incentivar el uso del transporte colectivo como alternativa. El problema es que un mal transporte colectivo nunca será alternativa, no ya para quienes no tienen más remedio que utilizar su coche, sino para aquellos que podrían llegar a plantearse dejarlo y usar en su lugar autobuses o trenes.

La movilidad diseñada para los próximos años pasa por reducir el número de vehículos en la carreteras, la implantación de zonas restringidas sólo a residentes o a vehículos no contaminantes, la nula construcción de aparcamientos -ni siquiera los disuasorios que pretenden el Consell o Cort- o la promoción del uso del patinete o los desplazamientos a pie.

Como alternativa a este nuevo modelo, tan sólo se han producido algunas mejoras en el servicio de la EMT de Palma, una anunciada ampliación del metro y la promesa de un futuro tranvía hasta el aeropuerto en el horizonte de cinco años. No basta con aprobar la gratuidad del transporte público para un año electoral en el que votan todos, los que usan trenes y autobuses y los que se desplazan en coche -que sufragan vía impuestos la gratuidad para el resto-. La verdadera apuesta por el transporte público debe ser más ambiciosa si realmente quiere plantearse como opción, lo que implica inversiones y una mejor planificación. No basta con ir restringiendo el uso del vehículo privado si no se ofrecen alternativas fiables, aunque sean gratuitas.

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