El Tribunal Supremo ha dado a conocer este miércoles su resolución sobre el caso Gurtel, que ratifica, en gran medida, las penas de prisión que la Audiencia Nacional fijó en mayo de 2018. Muy poco después de la comunicación de la sentencia, que reconocía la existencia de una trama corrupta en el seno del PP, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue objeto de una moción de censura que aupó al frente del Ejecutivo al socialista Pedro Sánchez.
Durante el proceso que ha asumido durante casi dos años y medio, el Tribunal Supremo ha analizado a fondo los 42 recursos presentados contra la anterior sentencia del caso Gurtel (tramitados por el PP, la Fiscalía y 19 de los acusados), así como las 29 condenas de privación de libertad asociadas a la misma.
El Alto Tribunal ha aceptado buena parte de las disposiciones condenatorias que en su día estableció la Audiencia Nacional, y se ha limitado a introducir determinados ajustes que, a nivel genérico, no desmienten el pronunciamiento judicial precedente. Una de las modificaciones afecta al extesorero del PP, Luis Bárcenas, cuya pena se ha visto ligeramente disminuida y ha pasado, con arreglo a este nuevo fallo, de 33 años y cuatro meses de cárcel a 29 años y un mes.
En cualquier caso, tanto Bárcenas como otros diez encausados, entre ellos el empresario Francisco Correa, deberán afrontar penas de más de 12 años de prisión. Precisamente, sobre Correa, considerado como el líder auspiciador de la trama, ha recaída la pena más dura, con 51 años de privación de libertad. En este caso, el Supremo se ha limitado a restar 11 meses respecto al fallo de la Audiencia.
Las otras tres condenas con más años de cárcel siguen siendo para Guillermo Ortega (40 años y 3 meses, dos años más que en 2018); Pablo Crespo (36 años y 8 meses frente a los 37 años y 6 meses impuestos por la Audiencia), y Alberto López Viejo (27 años y 10 meses, frente a los 31 años y 9 meses de dos años y medio antes).
No obstante, una parte del contenido del Supremo enmienda la plana de manera significativa a una de las conclusiones de la sentencia precedente, concretamente la referida a la existencia de una ‘caja b’ en la tesorería contable del PP. La formación política centró uno de sus recursos en este pronunciamiento, y el Alto Tribunal lo ha estimado favorablemente, considerando que las expresiones utilizadas en el fallo de 2018 son “excesivas”, atribuyendo incluso una “técnica irregular” a la forma en que está redactada este párrafo concreto de la sentencia.
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