El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visitó este jueves la isla de Ibiza para conocer de primera mano las dificultades de la ciudadanía para acceder a una vivienda a un precio asequible y razonable. El ministro se reunió con las autoridades insulares y municipales, algo de agradecer porque otras ministras y ministros que recalaron en la isla no tuvieron la deferencia de despachar siquiera brevemente con el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí.
La unidad de análisis del Ministerio de Consumo ha detectado aproximadamente 7.000 pisos que se comercializan en Baleares para alquiler turístico sin la correspondiente licencia. Y el ministro ha trasladado esa ingente información al Consell d’Eivissa y al Govern balear para que se actúe legalmente contra los responsables.
La cifra pone de manifiesto la magnitud de un problema que trasciende el ámbito turístico y afecta directamente al conjunto de la ciudadanía, privada de vivienda para alquilar como residencia habitual porque los propietarios optan por arrendarla a turistas de forma ilegal. Esta cifra representa más del 30 por ciento de la oferta total de viviendas vacacionales autorizada en Baleares, lo que evidencia una situación alarmante que requiere una intervención integral y coordinada por parte de todas las administraciones.
La proliferación de alquileres turísticos ilegales no solo distorsiona el mercado inmobiliario, encareciendo los precios y dificultando el acceso a la vivienda para los residentes, sino que también evade obligaciones fiscales, generando una competencia desleal y privando al erario público de ingresos necesarios para servicios esenciales.
Es imperativo que la información recabada por el Ministerio de Consumo se comparta con otros organismos, fundamentalmente la Agencia Tributaria
Es imperativo que la información recabada por el Ministerio de Consumo se comparta con otros organismos, fundamentalmente la Agencia Tributaria, para asegurar una fiscalización efectiva y sancionar a quienes operan en el mercado negro sin declarar los ingresos derivados de su negocio irregular.
La colaboración entre administraciones es esencial. Iniciativas como el cruce de datos entre el Govern, los Consells Insulars y la Agencia Tributaria para detectar alquileres turísticos ilegales permitiría ponerle coto en aquello que persiguen los que optan por vulnerar la Ley. Con sanciones tributarias contundentes, dejaría de ser rentable y en poco tiempo se acabaría el problema.
Para ello es necesario que el Gobierno central asuma su responsabilidad de forma decidida y valiente, impulsando políticas que aborden de manera integral este fenómeno, proporcionando herramientas legales para combatirlo de forma eficaz y ágil a las administraciones competentes en la materia, de forma que se pueda hacer cumplir la Ley y se sancione a quien no lo haga.
La situación actual, calamitosa desde todo punto de vista, exige mucho más que declaraciones y promesas. Es hora de que los políticos actúen con determinación, aplicando sanciones ejemplares a los infractores y estableciendo mecanismos de control efectivos. Hay que proteger el derecho a la vivienda de los ciudadanos, asegurando un desarrollo turístico sostenible y respetuoso con la legalidad.
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