Máxima tensión en Sant Ferran: "Me han amenazado con matar a mi familia"

Un grupo de vecinos de la avenida Sant Ferran se han reunido este viernes con representantes del PP, encabezados por la líder autonómica, Marga Prohens, a la que ha acompañado, entre otros cargos del partido, el presidente de esta formación política en Palma, Jaime Martínez Llabrés.

En el transcurso del encuentro, los residentes han manifestado a los medios de comunicación su "hartazgo" ante la situación que soportan. Uno de los residentes ha asegurado que hasta en tres ocasiones han entrado en su casa por el patio, de madrugada, mientras que otro vecino ha asegurado que ni él ni su familia pueden dormir desde que empezó su particular calvario.

Otro problema son las amenazas de muerte. "Ya no podemos aguantar más que nos amenacen", han explicado estos ciudadanos, que también han dado cuenta de que en la zona se producen conflictos "cada día" desde que hace un año se instalaron los 'okupas' en esta antigua oficina bancaria de la barriada de es Fortí. De hecho, los vecinos han indicado que este mismo jueves por la noche ha sido agredido un vecino y que espejos y el portaequipajes de una moto han resultado fracturados.

"¿A QUÉ ESPERAN LAS AUTORIDADES PARA ACTUAR?", SE PREGUNTAN LOS VECINOS

Los afectados han deplorado que los 'okupas' sepan a ciencia cierta que la Policía "no puede entrar sin una orden", por lo que, cuando acuden los agentes, "se limitan a encerrarse y no abrir".

"¿A qué esperan las autoridades para actuar?", es la pregunta que estos ciudadanos no dejan de formularse.

Estos testimonios han sido recogidos, este viernes, por la presidenta del PP balear, Marga Prohens, que ha transmitido a los vecinos de la avenida Sant Ferran su compromiso de "castigar la okupación y defender la propiedad privada". Prohens ha denunciado que el fenómeno de la okupación de casas "está afectando a cada vez más vecinos de Baleares" y ha acusado a Govern, Ayuntamiento de Palma y Delegación de Gobierno de "inhibirse y no actuar".

PELEAS, ROBOS, DROGAS, GRITOS E INSULTOS

La máxima responsable del PP en las islas ha lamentado que los vecinos del barrio hayan tenido que "vivir y presenciar peleas, robos, consumo de drogas y padecer gritos e insultos" y hayan visto "alterada" la convivencia. Por ello, ha insistido en que "no se debe mirar a otro lado", y ha prometido impulsar un plan contra la okupación, si gobierna en 2023, que, según ha explicado, impedirá que estas personas puedan empadronarse en casas okupadas, acceder a vivienda protegida o recibir ayudas para la vivienda.

Además, Marga Prohens propone crear una Oficina de Defensa de la Propiedad, que ofrecerá asesoramiento jurídico ante casos de okupación y protocolos de intervención rápida, una cuestión, a su juicio, "clave para el desalojo"; y recogerá "el compromiso del PP a nivel nacional de garantizar la recuperación de la vivienda en 24 horas". Igualmente, reforzará las penas por delito de usurpación hasta situarlas en los tres años de prisión.

BALEARES: DE 221 OKUPACIONES EN 2015 A 509 EN 2021

En el caso de que la okupación dure más tiempo, Prohens ha anunciado que las administraciones gobernadas por el PP no repercutirán impuestos sobre esta casa ni tampoco el coste de suministros que dependan directamente de este domicilio, como, por ejemplo, el servicio de agua. Prohens ha asegurado que con estas recetas "no estamos inventando nada, dado que ya se han puesto en marcha en Madrid".

De acuerdo a datos oficiales facilitados por el PP, Baleares ha pasado de 221 okupaciones hace ocho años, cuando Francina Armengol afrontaba su primera legislatura en el Govern, a 509 en 2021, mientras que, de enero a junio de 2022, ya se han registrado 192 okupaciones más.

Los mismos datos, procedentes del Ministerio de Interior, revelan también que Baleares es la segunda comunidad autónoma con mayor incidencia de la okupación, con 8,3 viviendas por cada 10.000 viviendas. Prohens ha lamentado que estas estadísticas "sólo nos supera Cataluña, a pesar de que Armengol siga negando que la okupación es un problema y de que, cuando lo decimos, nos acuse de alarmismo". Prohens tiene muy claro que, en cualquier caso, "la okupación es un delito".

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