Justicia

Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han convocado este martes una huelga general en toda España como último movimiento para reclamar al Ministerio de Justicia una mejora en sus condiciones laborales. En Baleares, 74 de los 138 jueces han secundado la jornada de paro.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha acordado celebrar por videoconferencia el juicio por estafa inmobiliaria suspendido inicialmente por la dificultad de encontrar alojamiento en Ibiza para los jueces. Así, la vista tendrá lugar los días 30 y 31 de mayo.El Tribunal no ha conseguido alojamiento en Ibiza en las fechas señaladas, teniendo en cuenta que la dieta establecida por el Ministerio de Justicia es de 97 euros al día como máximo para el alojamiento.

Un centenar de funcionarios de Justicia se han concentrado este mediodía ante los Juzgados de Avenida Alemania de Palma para protestar por el "abandono" por parte del Ministerio de Justicia, al tiempo que han lamentado que el Govern balear no haya reclamado la transferencia de competencias, lo que aseguran que les deja "en tierra de nadie".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado este miércoles una concentración en el edificio de los Juzgados de Sa Gerreria (Palma) para reclamar al Ministerio de Justicia "retribuciones y condiciones dignas". En la convocatoria, CSIF ha denunciado que desde 2008 el Ministerio de Justicia se ha negado "a negociar la actualización del complemento específico, lo que ha propiciado que, de nuevo, el personal de este ámbito territorial sea el que, con diferencia, peores complementos retributivos percibe".

El Colectivo de Presos de ETA (EPPK en sus siglas en euskera) ha lanzado un documento con el que trata de salvar las diferencias internas permitiendo los beneficios penitenciarios individuales aunque sin colaborar con la justicia, ya que se fijan como "límites" la "delación" y el "arrepentimiento" sobre el pasado criminal de la banda.

Anticorrupción suma dos fiscales más en Balears.

El que fuera asesor fiscal del Instituto Nóos está cumpliendo con las expectativas. En su declaración en el juicio del caso Nóos está confrontando su versión de lo que sucedía con la aportada por la infanta Cristina en su declaración ante el tribunal. Uno intentar dejar como mentiroso al otro.

Ha estallado un nuevo conflicto en el desarrollo del juicio del Caso Nóos. El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, denuncia artimañas de las defensas de Torres, Urdangarin y la infanta para que Miguel Tejeiro declare como testigo sobre los asuntos más delicados para estos tres acusados.

Más efectos colaterales del juicio por el Caso Nóos. El sindicato 'Manos Limpias', única acusación en el juicio contra la infanta Cristina, arremte ahora contra uno de sus abogados, el penalista Pau Molins.

Iñaki Urdangarin se somete este jueves al duro interrogatorio de la abogada del sindicato Manos Limpias, que es la única parte representada que acusa a su mujer en el juicio del Caso Nóos

Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarin se sometió este miércoles a una nueva sesión maratoniana de preguntas sobrte la vinculación de la Casa Real con Nóos y sobre su participación en todas las circunstancias de la empresa y que le han llevado a juicio por presuntas irregularidades de todo tipo.

Continúa el maratoniano interrogatorio de las prtes al socio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos. Diego Torres sale en defensa de todo aquello en lo que tuvo participación, como los Forums Illes Balears 2005 y 2006.

Es un aspecto trascendental del pacto alcanzado entre Maria Antònia Munar, la que fuera cúpula de la extinta Unió Mallorquina y la Fiscalía Anticorrupción. Los grandes titulares del martes se cebaron en la confesión de Munar pero en un segundo plano quedó el reconocimiento de la Fiscalía de que UM no era "una asociación ilícita creada para delinquir", como mantuvo durante años en su escrito de acusación.

mallorcadiario.com desveló este lunes que, dos meses después de cesar como presidente de la Autoritat Portuària de Balears (APB), Alberto Pons empezó a trabajar como gerente en una empresa a la que adjudicó un contrato durante el tiempo en que ocuó el cargo público.

Confesó en el juicio haber matado a su expareja y le han caído 17,5 años de cárcel. Se cierra así uno de los casos de violencia de género más impactantes de los ocurridos en Balears en 2014.