Condena

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado este miércoles a dos empresarios de la construcción a dos años y tres meses de cárcel, cada uno, por no pagar a sus trabajadores, falsedad en documentos mercantiles y estafa.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a una pena de multa a una pareja por una pelea en la que el hombre agredió a la mujer y ella le insultó.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado este lunes a un hombre a tres años y cinco meses de cárcel por robar en una vivienda y agredir a la víctima, al que le rompió los dientes.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinará la demanda presentada por los abogados del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido como 'Valtonyc', según ha informado el Despacho Boye - Elbal a través de su cuenta de Twitter.

El tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado este lunes a un joven a dos años de cárcel y a pagar 3.000 euros por intentar sobornar a la Policía para evitar una multa y agredir a los agentes cuando le intentaron arrestar.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a una mutua colaboradora con la Seguridad Social a pagar más de 12.400 euros a una clínica privada de Ibiza por la atención prestada a un hombre que había sufrido un accidente laboral.

El entrenador José Mourinho ha aceptado la sentencia que le condena por fraude fiscal a un año de cárcel y al pago de más de tres millones de multa. El portogués no entrará en prisión al carecer de antecedentes penales.

La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha anunciado este viernes la aprobación un decreto ley de concesión de créditos suplementarios para atender gastos inaplazables derivados de sentencias judiciales pendientes de pago en el ámbito de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en Baleares, por un importe de 142.824.000 euros. Se trata de condenas a favor de promotores que recurrieron al verse afectados por clasificaciones de suelo durante el gobierno de Francesc Antich.

Las condenas firmes que obligan al Govern a indemnizar a propietarios afectados por la ley de 2008 que desclasificaba suelos urbanizables para protegerlos suman ya 138,3 millones de euros y aún quedan procesos abiertos que podrían elevar esta cifra hasta los 172 millones, que serían 230 si se incluyen los intereses.

El Ministerio de Defensa no asignará destino a Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar de La Manada condenado por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016, y afirma que "no se podía evitar su reincorporación al servicio activo". Después de que el Boletín Oficial de Defensa haya publicado la orden de levantar la suspensión de funciones al militar de La Manada, Defensa explica que esa reincorporación "se produce de manera automática en aplicación de la ley".

El pasado jueves, agentes de la Policía Nacional detuvieron en Palma a un ciudadano marroquí de 28 años de edad, por un delito de agresión sexual y Reclamación Judicial. La Policía Nacional tuvo conocimiento de una denuncia interpuesta en la localidad de Zaragoza el día 3 de mayo donde una mujer denunció una serie de hechos ocurridos sobre su persona en Palma.

El empresario Bartolomé Cursach ha sido condenado a ocho meses de cárcel por tenencia ilícita de armas por la carabina apta para disparar encontrada en su casa durante un registro realizado con motivo de la investigación del Juzgado de Instrucción número 12 en relación a su posible pertenencia a una organización criminal, entre otros presuntos delitos, enmarcados dentro del caso Sancus/Cursach.

El Partido Popular de Inca critica la cesión por parte del Ajuntament del Claustre de Sant Domingo a l’ Obra Cultural Balear (OCB) para el acto de entrega del Premi Pau Casesnoves al rapero mallorquín Valtonyc; condenado con prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas no condicionales y que en su último concierto animó a los asistentes a “matar a un puto guardia civil” y a “poner una puta bomba al fiscal de una vez”; por lo que ya ha sido denunciado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)