Abalos

El magistrado que investiga al exministro Jose Luis Ábalos arranca esta semana una intensa ronda de testificales, entre ellas, su expareja Jessica, el exnúmero tres de Transportes y la empresaria que afirmó haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE por indicación del empresario Víctor de Aldama.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha pedido al Congreso el suplicatorio del exministro José Luis Ábalos al apreciar en su actuación indicios "bastantes" de delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación en el denominado ‘caso Koldo’.

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha comparecido voluntariamente este jueves ante el juez del Tribunal Supremo (TS) que investiga el 'caso Koldo' para negar el presunto cobro de comisiones por la supuesta adjudicación irregular de los contratos para comprar material sanitario en plena pandemia, al tiempo que ha descargado responsabilidad en el que fuera su asesor, al que dice que delegó la búsqueda de mascarillas.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos está citado este jueves en el Tribunal Supremo para declarar sobre los indicios que apuntan a que pudo tener un "papel principal" en el caso Koldo, y responder a las acusaciones de cobro de comisiones vertidas contra él por el empresario Víctor de Aldama.

Víctor De Aldama, implicado en el caso Koldo, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de conocerlo y ha prometido pruebas tras su liberación con medidas cautelares. La investigación se centra en comisiones ilegales vinculadas al PSOE, mientras la oposición exige respuestas y De Aldama enfrenta un fraude de hidrocarburos.

El Tribunal Supremo (TS) ha abierto causa contra el diputado y ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, después de que el juez de la Audiencia Nacional (AN) que instruía el 'caso Koldo' instara a investigarlo por su "papel principal" en la presunta trama.

La aerolínea española Air Europa, cuya sede está en Llucmajor, atraviesa momentos difíciles que van más allá de su comprometida situación financiera. Su imagen corporativa se ha visto muy afectada por las sospechas de presunta corrupción política en torno al rescate que recibió en 2020 del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

El director general del IbSalut, Javier Ureña, ha confirmado este lunes que entre los 60 contratos firmados en pandemia y que el Govern pretende analizar en busca de irregularidades figuran cinco expedientes por valor de unos seis millones de euros con una empresa vinculada a la sociedad que alquiló el chalé del exministro José Luis Ábalos en Cádiz.

Las acusaciones en el caso Koldo, representadas por Iustitia Europa y Hazte Oír, han solicitado al juez que inicie los trámites para imputar a Francina Armengol (presidenta del Congreso), José Luis Ábalos (exministro de Transportes) y Leandro Marcos González (exdirector general de la Guardia Civil). Las investigaciones recientes de la UCO revelan la implicación de Ábalos en la trama, que incluye el rescate de Air Europa y la visita de Delcy Rodríguez a España en 2020. Las acusaciones piden la apertura de dos piezas separadas para investigar ambos casos y sugieren que Ábalos habría tomado decisiones favoreciendo a Víctor de Aldama, quien pagaba a Koldo García 10.000 euros mensuales desde 2019 para facilitar contactos con altos cargos. También involucran a Armengol y a la exconsejera de salud Patricia Gómez Picard en la posible adjudicación de contratos relacionados con la pandemia. Finalmente, piden investigar si hubo filtraciones desde la Guardia Civil.

Sebastià Sagreras, portavoz parlamentario del PP de Baleares, exige explicaciones a la secretaria general del PSIB-PSOE, la expresidenta Francina Armengol, por sus declaraciones en la comisión de investigación sobre Koldo García. Sagreras afirma que la UCO constata que hubo comunicación entre Koldo y la entonces presidenta del Govern para la compra de material sanitario por parte del Govern y que incluso facilitó al asesor del ministro José Luis Ábalos el teléfono particular de la consellera de Salud, Patricia Gómez.

Tras el paréntesis de la Semana Santa, la actividad política vuelve con energía y centrada en el "caso Koldo" al constituirse las comisiones de investigación en el Senado y en el Congreso sobre el cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuatro de sus ministros tendrán que responder en el pleno del Congreso por el caso de Koldo García, el exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos investigado por su implicación en una presunta trama de comisiones ilegales en la venta de mascarillas a administraciones públicas.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado que si la supuesta trama de comisiones ilegales que afecta a su exasesor, el llamado Caso Koldo, se hubiese producido mientras seguía siendo ministro tendría que "haber dimitido en el momento", mientras que ahora como diputado no tiene "ninguna responsabilidad".

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado, en referencia al escándalo de las mascarillas que rodea el caso de Koldo García, que el ministerio que dirigía Ábalos era el epicentro de esta organización criminal, pero esta presunta trama se extiende, entre otros, al actual ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, a la presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta de Baleares, Francina Armengol y al entonces ministro de Sanidad Salvador Illa. Bendodo cree que Pedro Sánchez no sería presidente del Gobierno si no hubiera recibido la "ayuda" del caso Koldo García, ya que quienes consiguieron que ganara las primarias son "los cabecillas" de la presunta trama de comisiones ilegales por parte de la empresa del exasesor del exministro Ábalos.

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirma que si el PSOE le pide su acta de diputado "tendrá que hacerlo convenientemente" y aclara que la acusación contra él "es política y mediática, no judicial". El caso afecta de lleno al Govern de Armengol.

La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, recomendada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana siendo ministro José Luis Ábalos, no ha devuelto los 2,6 millones de euros que el Servicio de Salud de las Islas Baleares le pagó de más y que en 2023, más de tres años después, le reclamó por incumplir los requisitos del contrato de suministro de mascarillas FFP2 durante la pandemia de Covid en abril de 2020. La empresa entregó mascarillas quirúrgicas más baratas en lugar de las solicitadas. La Justicia está investigando el caso, que ha generado una enorme crisis en el PSOE.

Dos agentes de la UCO se presentaron en julio de 2022 en la sede del IB-Salut con una orden judicial para obtener información sobre un contrato de 3,7 millones de euros entre el Gobierno y la empresa Soluciones de gestión y apoyo a empresas SL. El director de Gestión y Presupuestos del Servicio de Salud, Manuel Palomino, entregó la documentación requerida, que fue copiada en un pendrive por los agentes. Esto sugiere que el Govern de Francina Armengol estaba al tanto de la investigación desde esa fecha.

El 7 de julio de 2023, Marga Prohens tomó posesión como presidenta del Govern de les Illes Balears. Hasta el día antes, el Govern no tramitó la reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa Soluciones de gestión y apoyo a empresas SL por el flete de un avión con mascarillas quirúrgicas que no eran las FPP2 encargadas. Así, el Ejecutivo de Francina Armengol tardó más de tres años y dos meses en reclamar a la empresa contratista del asesor del exministro y exnúmero dos del PSOE, José Luis Ábalos.

El Govern de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, adjudicó a dedo en 2020 a la empresa Soluciones de Gestión y apoyo a empresas SL, un total de 3.701.500 euros para comprar mascarillas FPP2 durante la pandemia por la Covid-19, por el procedimiento de emergencia y sin concurso. La empresa, inactiva en años anteriores, facturó más de 53 millones de euros en 2020 vendiendo material sanitario al Gobierno de España y gobiernos autonómicos del PSOE, como los de Baleares y Canarias. La Audiencia Nacional ha ordenado 20 detenciones y registros domiciliarios en el marco de una investigación por presunta corrupción. Uno de los arrestados es Koldo García Izaguirre, asesor y mano derecha del exministro de Fomentoy exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha sido detenido en una investigación por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Se investiga la adjudicación de contratos relacionados con la lucha contra la Covid-19 por parte de varias administraciones, incluída la Comunidad Autónoma de Baleares, con un valor estimado de más de 50 millones de euros.