Subir la ecotasa: un castigo extra para comercios y restaurantes

La decisión del Govern de Marga Prohens de incrementar el Impuesto de Turismo Sostenible durante los meses de verano ha encendido las alarmas entre comerciantes, restauradores, además del propio sector hotelero, que ya se manifestó de forma crítica desde el primer momento en que se anunció la subida. La voz de alerta de comercios y restaurantes reside en la lógica de que un gasto extra que los turistas abonan en el hotel, al margen del paquete vacacional contratado, merma sus recursos para los "gastos de bolsillo" que destinan a la oferta complementaria.

Esta ecotasa representa un gasto adicional que, a todas luces, influirá en los comportamientos de consumo ya que, aunque pueden parecer cifras menores, en la estancia prolongada de una familia o grupo, el aumento es significativo. Esto puede traducirse en menos cenas en restaurantes, menos compras en comercios locales y, en definitiva, un menor negocio para la oferta complementaria. Comer en un restaurante, comprar un recuerdo o disfrutar de una actividad local serán los primeros sacrificios en el intento de compensar el costo adicional de la estancia que supone la ecotasa; un castigo extra para dos sectores -comercio y restauración- que ya se encuentran muy al límite de sus posibilidades.

"Cargar aún más a los visitantes con impuestos sin una estrategia compensatoria puede ser una apuesta arriesgada que termine por afectar a la economía que se busca proteger"

Aunque el sector hotelero se ha mostrado muy crítico con la medida, la subida aprobada -pendiente del trámite parlamentario- dificilmente tendrá efectos en la modulación de flujos de visitantes: ni servirá para que vengan menos turistas en verano, ni incentivará la llegada de más turistas en invierno. Es decir, el sentido recaudatorio de la medida es el único que parece evidente, tal y como el propio PP criticó cuando el Govern de Francina Armengol reinstauró la ecotasa.

El verdadero problema de la saturación turística no es la oferta hotelera regulada, que sí contribuye fiscalmente, sino el alojamiento ilegal, que escapa al control y genera una presión insostenible sobre los recursos locales. Actuar sobre este ámbito debería ser la prioridad antes de penalizar aún más a unos sectores que ya enfrentan costos elevados y exigencias normativas crecientes. Hoteles y negocios legales, que ya cumplen con estrictas regulaciones, vuelven a ser los perjudicados mientras la oferta irregular sigue operando.

Baleares necesita un modelo turístico sostenible, pero también competitivo y equilibrado. Cargar aún más a los visitantes con impuestos sin una estrategia compensatoria puede ser una apuesta arriesgada que termine por afectar a la economía que se busca proteger.