Ruidos e impago de la comunidad, principal causa de disputas vecinales

Dos tercios de los españoles ha tenido alguna disputa con sus vecinos en alguna ocasión, muchas de ellas siguen sin resolverse y más de la mitad asegura que ha ocurrido durante el último año. Estas son algunas de
las conclusiones de un estudio* que CPP ha realizado para averiguar los problemas más comunes entre vecinos en España, cómo los resuelven y qué consecuencias conllevan.

Hay más murcianos (77%), madrileños (72%) y valencianos (70%) que aseguren haber tenido disputas
vecinales que el resto de españoles. Navarros (40%), gallegos (51%) y asturianos (52%) se sitúan por debajo de 
la media. Los principales motivos de conflicto son el exceso de ruido, el impago de cuotas comunitarias o
derramas, las obras o reformas, los animales domésticos y la suciedad y malos olores.

Más de la mitad afirman haber sufrido el conflicto hace menos de un año. Canarios y catalanes admiten haberlo afrontado en los últimos seis meses (48%) mientras que los asturianos los arrastran desde hace
más tiempo (el 38% afirma que surgió hace más de 3 años). Los jóvenes de entre 18 y 35 años aseguran haber tenido más problemas (73%), mientras que casi la mitad de los mayores de 65 años (45%) indica que nunca se ha enfrentado a esta situación. Atendiendo al tipo de vivienda, los que viven en un piso sufren más disputas
(72%), que quienes viven en un bajo (65%), un chalet independiente (63%) o un adosado (63%).

El ruido, el dinero y las obras, principales causas de conflicto

Exceso de ruido, producido principalmente por música alta y aislamiento deficiente, e impago de los gastos por derramas o de la comunidad son las causas más frecuentes del desacuerdo vecinal.

 El 28% de los encuestados afirma haber tenido problemas con los vecinos por exceso de ruido. Por encima de la media se colocan los castellano-manchegos (35%), valencianos (33%) y madrileños (32%), mientras que los que menos se quejan por el ruido son los asturianos (19%), gallegos (19%) y aragoneses (20%). Son los que viven en un piso, los que más acusan este problema (32%), seguidos de los que lo hacen en un bajo (28%), en un chalet adosado (22%) o en un chalet independiente (11%).

 El mismo porcentaje (28%) asegura convivir con vecinos que no pagan sus gastos comunitarios, siendo los que residen en un piso quienes más lo sufren (35%) y los de un chalet independiente los que menos (10%).
Atendiendo a las regiones, esto sucede más en Cantabria (48%), Murcia (39%) y Valencia (34%) y menos en Cataluña (21%) y Navarra (9%). Los hombres han tenido más problemas que las mujeres por este motivo (30% frente al 26%).

De molestias por obras y reformas se queja uno de cada seis españoles (16%). Loshombres (18%) se quejan más que las mujeres (15%) por esto y, sobre todo, los mayores de 66 años (21%). Los vecinos de Madrid (23%), Canarias (22%) y País Vasco (19%) declaran sufrir por esto en mayor medida frente a los navarros
(4%), asturianos (5,5%) y baleares (9%), que son más tolerantes con este aspecto. Otras quejas comunes se centran en la existencia de animales, referido por el 15% de la muestra, la suciedad (12,8%), los malos olores (10%), y el riego o el agua (8%).

Los costes legales son, junto con la reparación de daños, las fuentes de perjuicio económico más comunes entre los españoles para resolver un conflicto vecinal. Una de cada 10 personas ha emprendido
acciones legales y el 8% está a punto de hacerlo. Baleares (20%), gallegos (18%) y aragoneses (18%) son los que más acuden a los tribunales mientras que madrileños (4%) y valencianos (7%), los que menos. Como razones para no recurrir a un abogado, el 50% arguye no querer empeorar la situación; el 11% dice evitarlo por creer que es cara; el 10% porque le quitará tiempo; y el 8% por miedo a represalias. Sólo el 7% afirma disponer de algún servicio de asistencia y protección legal. “Donde menos se recurre a la ayuda legal es donde más conflictos se declaran y viceversa y está demostrado que se ahorra tiempo y dinero si se
soluciona el conflicto cuanto antes”, explica Eduardo Gil.  El 13% decide denunciar a la policía
antes que solicitar ayuda legal, fundamentalmente en Cantabria (33%) frente a Aragón, en donde solo un 3% acude a comisaria.