Pizá niega la venta de inmuebles para no pagar una deuda

El expropietario de la Policlínica Miramar Cristóbal Pizá, quien se ha sentado de nuevo en el banquillo de los acusados, ha negado haber incurrido en un delito de alzamiento de bienes deshaciéndose de dos inmuebles para frustrar el pago de un millón de euros que adeudaba al actual máximo accionista del centro sanitario. Precisamente, este está querellado contra el empresario José María Ruiz-Mateos por una supuesta estafa de 13,9 millones de euros en otra causa que se está instruyendo en Palma.

En concreto, la Fiscalía solicita tres años de cárcel para el acusado y dos para su mujer, mientras que la acusación particular, ejercida por la letrada Isabel Fluxà, reclama tres para cada uno de ellos, además de una fianza civil de 147.651 euros conjunta para ambos.

En su declaración durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 2, Pizà ha justificado que vendió la mitad indivisa de un inmueble de Santa Ponça y otro medio de La Rioja porque le "urgía" saldar deudas con la Banca March, y no para eludir la deuda que tenía pendiente. Del mismo modo se ha pronunciado su esposa, Antonia Margarita Morro, quien ha señalado que accedió a comprar la vivienda de Logroño consciente de las deudas de su marido con el banco.

Las propiedades, pertenecientes a la entidad Consaba -de la que Pizá era administrador único- fueron vendidas a su suegra (el inmueble de Calvià) y a su mujer (el de Logroño) por diversas circunstancias que impidieron finalmente traspasar el inmueble a otro comprador, según justificó Pizá, asistido al igual que su esposa por el abogado Gabriel Garcías.

Sin embargo, la querella interpuesta, sostiene que Pizà procedió a la venta de las viviendas "por un precio irrisorio" (87.545 euros la de Santa Ponça y 121.260 la de Logroño) una vez que fue demandado por IGM.

Una operación de la que, según la acusación, se sirvió el imputado para frustrar los derechos de crédito del acreedor y conseguir así que los inmuebles permanecieran dentro del patrimonio familiar. Es más, postula que la pareja hizo constar domicilios distintos "para engañar y confundir" mientras que el acusado se permitió dejar de percibir a través de Consaba los 2.000 euros de alquiler que cobraba mensualmente por ambos inmuebles.