2012. El año

Estrenamos el año 2012 con un nuevo gobierno en Madrid, el gobierno de los más preparados, titulaba algún rotativo. Sin embargo, ni siquiera ellos han conseguido frenar la sangría del paro y España vuelve a estar en recesión a pesar de todos los recortes y todas las reformas emprendidas por el Gobierno. O quizás por eso.

GRAVE CRISIS ECONÓMICA

El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy anunció el 30 de diciembre una subida de todos los tramos del IRPF y un recorte de 36.000 millones, una moratoria de la Ley de dependencia y una subida de las pensiones de tan solo el 1%. En Baleares, José Ramón Bauzá, además de las medidas de ahorro adoptadas en junio de 2011 (reducción de altos cargos, no contratación de interinos ni personal laboral, suspensión del complemente de productividad a los funcionarios, la reducción de liberados sindicales al mínimo legal y la reducción de empresas públicas de 174 a 75) aprobó el Plan para el Equilibrio Económico, necesario para poder acceder al mecanismo extraordinario de pago a proveedores establecido por el Gobierno central.

Bauzá presentó un drástico plan de ajuste de 347,9 millones de euros para fijar el déficit en el 1,5% del PIB marcado por Madrid, con fuertes recortes en sanidad, educación y personal público. Se anunció el cierre de los hospitales General y Joan March, eliminación del Consell Econòmic i Social y del Consell de la Joventut, el establecimiento del céntimo sanitario, incremento del impuesto de transmisiones patrimoniales, además de la reducción de los empleados públicos y el incremento de las horas de trabajo  hasta las 37,5 semanales. Gracias a todas estas medidas el gobierno autonómico pudo pagar a los proveedores más de 842 millones de euros que se debían a 3.859 proveedores del Govern. Además, durante noviembre y diciembre el Govern pagó a proveedores e instituciones unos 325 millones de euros.

En octubre el vicepresidente económico Josep Ignasi Aguiló anunció que Baleares se acogería al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), solicitando 355 millones de euros.

En el sector empresarial privado hay que destacar que a finales de enero la aerolínea Spanair dejó de operar sorpresivamente y dejando a los viajeros que habían comprado su billete en tierra. 240 trabajadores de la compañía en Baleares fueron al paro. También las dificultades de importantes empresas constructoras como Llabrés Feliu y Pedro Siles.

El 20 de julio se anunció la paralización de las obras del Palacio de Congresos al declararse desierto el segundo concurso que ganó inicialmente Melià Hotels. El edificio se ha convertido en una infraestructura fantasma en la fachada marítima de la ciudad cuyo coste es de 580.000 euros al mes, al margen de los 38 millones que se adeudan a la constructora Acciona.

Pese a todo, Baleares cumplirá en 2012 con su objetivo de déficit pues cerró el tercer trimestre del año con un déficit del 0,33%, muy inferior al exigido como tope.

SUBIDA DEL IVA

El 11 de julio el Gobierno central anunció una subida del IVA. Teniendo en cuenta que el PP balear había prometido que bajaría el IVA turístico, este incremento del 8 al 10% supuso un jarro de agua fría para el sector. Además, algunas actividades del sector turístico como los campos de golf o los rent a car han visto pasar el IVA al 18%.

DOS HUELGAS GENERALES

La 1ª huelga general del año para protestar contra la reforma laboral se celebró el 29 de marzo aunque el seguimiento del paro fue escaso. Sin embargo la manifestación celebrada por la tarde en las calles de Palma fue masiva. Ocurrió prácticamente lo mismo con la 2ª huelga general, celebrada el 14 de noviembre para rechazar los recortes.

REVOLUCIÓN EN LA SANIDAD

La decisión de reducir médicos de urgencias en el Hospital de Manacor adoptada a finales de enero en aplicación del plan de austeridad, originó protestas unánimes en el colectivo sanitario que desembocaron en la dimisión de los jefes de urgencias. El Govern se vio obligado a recular y a no aplicar las medidas previstas, dejando a los pies de los caballos a Juan José Bestard, director general del IB-Salut. Bestard fue cesado el 9 de marzo junto a todo su equipo y la propia consellera Castro se colocó al frente del IB-Salut.

La crisis más importante en la sanidad balear se produjo cuando el Govern decidió aplicar una sentencia del TSJB de 23 de marzo de 2010 que anulaba los complementos salariales que cobraban los médicos desde 2008 (unos 1.000 euros mensuales) y exigir el reintegro de las cantidades percibidas indebidamente. El sindicato médico convocó a principios de julio una huelga que secundarían 4.000 facultativos, además de provocar la dimisión de 25 jefes de servicio del hospital de Son Espases. A punto de expirar el plazo, el Govern aprobó una Ley que fue remitida al Parlament para aprobar el pago de los complementos salariales y desactivó la huelga.

TRES CONSELLERS DE SALUD

A pesar de todo, Carmen Castro presentó su dimisión y fue sustituida por Antoni Mesquida, quien a su vez abandonó el cargo a finales de octubre, tan solo tres meses después de su nombramiento. Mesquida alegó presiones del Partido Popular para nombrar a su equipo directivo en la Conselleria, lo cual le resultaba inaceptable. Fue sustituido por el entonces vicepresidente económico del Ib-Salut, Martí Sansaloni. El Ejecutivo pasó así a estar compuesto enteramente por hombres. Y ya van tres consellers de Salud en la presente legislatura.

ENLLAÇATS PEL CATALÀ

La política lingüística del Govern fue uno de los asuntos que más encendió los ánimos en la comunidad educativa y en los sectores más nacionalistas. La decisión de permitir la libre elección de lengua en educación infantil y primer ciclo de primaria y la modificación de la Ley de Función Pública a fin de eliminar el requisito de conocer la lengua catalana para acceder a un puesto de trabajo en la Administración fueron duramente contestadas con una campaña de lazos con la senyera, muchos de los cuales fueron colocados en la fachada de centros educativos. El Govern se opuso e incluso trató de retirarlos, pero fue imposible. Finalmente, el Govern presentó un proyecto de Ley sobre el uso de los símbolos institucionales de Baleares que prevé sanciones de hasta 12.000 euros por colgar símbolos en edificios públicos. Y también un anteproyecto de Ley de convivencia escolar y autoridad del profesorado que muchos interpretaron como un ataque a la libertad de cátedra y para poner fin a la campaña de lazos cuatribarrados en las solapas de los profesores o de las camisetas verdes, utilizadas como reivindicación de la educación pública.

El 25 de marzo cerca de 50.000 personas se manifestaron convocadas por la entidad Obra Cultural Balear (OCB) contra la política lingüística del Govern y su decisión de poner fin a la política de normalización lingüística en vigor desde los años 80 y consensuada entre todas las formaciones políticas. Este hecho ha levantado críticas del sector más regionalista dentro del propio PP. Antoni Pastor, como luego se dirá, se abstuvo en una votación en el Parlament por lo que fue expulsado del partido, lo que ha provocado una escisión del PP en Manacor. El abandono de las posiciones regionalistas ha sido denunciado por dos ex presidentes del Govern, Soler y Cañellas. Y aprovechada por una nueva formación política de centro-derecha de reciente aparición, Proposta per les Illes (El Pi), resultado de la fusión de Convergència per les Illes de Josep Melià (ex Unió Mallorquina) y la Lliga Regionalista de Jaume Font (ex PP).

El presidente Bauzá ha sido el blanco de sonoras protestas por su política lingüística en multitud de localidades de Mallorca: Sa Pobla, Felanitx, durante la entrega de los premios Ciutat de Palma, el pancaritat de Santa Magdalena, Inca, Pollença, Santa Margalida y Artá, entre otras. Incluso un escolta del presidente resultó herido en la cabeza en Manacor. Esto hizo que fuera muy difícil para el líder del PP balear acudir a actos fuera de Palma. El 22 de mayo un grupo de estudiantes de la UIB entraron violentamente en el despacho del conseller de Educación para protestar por las tasas universitarias.

La reforma educativa del ministro Wert también ha sido firmemente contestada por parte de la comunidad educativa de Baleares. El propio conseller del ramo, Rafel Bosch, pidió que el catalán sea considerada materia troncal y no de especialización como prevé el proyecto inicialmente.

PROTESTAS DE LOS ECOLOGISTAS

A finales de abril miles de personas se manifestaron en contra de la construcción de un hotel y un campo de golf en Sa Ràpita convocados por el GOB y la plataforma Salvem Sa Ràpita. También ha originado protestas la decisión del Consell de Mallorca de importar residuos para incinerar en la planta de Son Reus y así evitar subir las tasas nuevamente. Y también la Ley Company que abre las puertas, según los ecologistas, a que urbanizaciones paralizadas como Es Guix, Cala Carbó o Cala Blanca puedan tirar adelante al ser urbanizables.

NUEVOS IMPUESTOS

Al final del año y coincidiendo con la presentación de los presupuestos de la CAIB, los sectores afectados por los nuevos impuestos creados por el Govern levantaron su voz: rent a car, comerciantes, distribuidores de bebidas, hoteleros y grandes superficies. La amenaza con recursos judiciales y con establecer el domicilio fiscal fuera de las islas, como hicieron los rent a car, han obligado al Ejecutivo a negociar aunque sin dar marcha atrás a los nuevos impuestos. Bauzá se ha enfrentado al sector empresarial quienes amagan con paralizar proyectos importantes. El desencuentro del Govern con los pequeños y medianos comerciantes representados por Pimeco y Afedeco es total debido a la política liberalizadora del Govern y su apoyo a la instauración de nuevas grandes superficies. Y el deterioro de las relaciones del Ejecutivo con la Caeb de Josep Oliver es palpable.

SONADAS CONDENAS JUDICIALES

El ex presidente Jaume Matas se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial el 10 de enero, junto al veterano periodista Antonio Alemany y la ex directora de IB3, María Umbert. Matas fue condenado a 6 años y dos días de prisión. Joan Martorell, ex director general de Comunicación, fue condenado a 1 año y medio con la atenuante de confesión y reparación del daño. Alemany recibió una condena a 3 años y 9 meses. El publicista Miguel Romero fue condenado a 1 año, 1 mes y 15 días de cárcel. Y fueron absueltas María Umbert y Dulce Linares. Matas y Alemany recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo y están a la espera de la sentencia definitiva.

Matas logró salvar in extremis su casa de la calle San Felio, al conseguir que el juez Castro le devolviese la fianza de 2,5 millones de euros fijada dos años atrás, lo que le permitió paralizar la subasta prevista por el Banco de Valencia. Sin embargo, ha perdido otros bienes inmuebles a causa de sus deudas con los bancos para pagar las fianzas.

Maria Antònia Munar también se sentó en el banquillo en mayo de 2012. Acompañada por Miquel Nadal (ex vicepresidente del Consell) y Margarita Sotomayor (ex directora insular de Comunicación). También los dueños de Video U, Miquel Oliver, Luisa Almiñana y Ramón Rullán. Y los supuestos testaferros Miguel Sard y Víctor García. La fiscalía acusaba a Munar y Nadal de ser los propietarios de Video U a través de testaferros y haber otorgado dos subvenciones de 120.000 euros a la productora de su propiedad. Munar, a pesar de negar toda participación en el asunto y pese a tumbar la versión de Miquel Nadal fue condenada a 5 años y medio de cárcel. Nadal a 2 años y siete meses en virtud de un pacto con la fiscalía y Margarita Sotomayor, quien acusó a Nadal de haberla metido en el lío, a 5 años de prisión. Los grandes beneficiados y quienes se llevaron el dinero, los socios de Video U, fueron condenados a penas inferiores a 2 años que no conllevan ingreso en prisión.

Otros condenados por corrupción han sido Bartomeu Vicens, Damià Vidal, Miquel Nadal, Tomás Plomer, Xisco Buils, Antonio Arbona, Antonio Oliver y Antonio Rebassa.

URDANGARÍN

En su mensaje de navidad del año 2011, el monarca puso a los pies de los caballos a su yerno declarando que “Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos”. Su Majestad le apartó a finales del año 2011 de todos los actos oficiales de la Casa Real. Y poniendo toda la tierra de por medio que le ha sido posible para alejar a la Institución de las actividades del duque de Palma y del Instituto Nóos, la sospecha se cernió sobre la infanta Cristina, hija menos del Rey y propietaria al 50% de Aizoon. Pese a la abundancia de indicios y la insistente labor de la acusación popular ejercida por el sindicato Manos Limpias, ni los fiscales anticorrupción, ni el juez Castro, ni los magistrados de la Audiencia Provincial consideraron que la Infanta Cristina tuviera que ser llamada a declarar ni siquiera en calidad de testigo.

Las informaciones aparecidas sobre las presuntas irregularidades cometidas por Urdangarín y por su socio, Diego Torres, han sido constantes durante 2012. Sospechas de evasión fiscal a Luxemburgo, Belice y otros paraísos fiscales, descubrimiento de cuentas en Suiza, facturas falsas o hinchadas, empleados falsos para engañar a Hacienda y un larguísimo etcétera. Dado que Urdangarín no se ha defendido de todo lo aparecido en los medios de comunicación y ha guardado silencio, así como su abogado, el veredicto popular ya ha sido emitido mucho antes de que un tribunal haya dictado sentencia.

Urdangarín compareció en los juzgados de Palma para declarar en calidad de imputado el día 25 de febrero. Meses más tarde un rotativo desveló que Urdangarín buscaba un pacto con la fiscalía para evitar la cárcel, devolviendo todo el dinero público cobrado en Baleares y Valencia, lo que azuzó la sensación de trato de favor y desactivó la operación.

Sin fianza penal y sin medidas cautelares como retirada del pasaporte, al contrario de lo que ha sucedido a la práctica totalidad de imputados en causas de corrupción, la fiscalía solicitó una fianza civil de 8.189.448 euros para Urdangarin y Torres. Sin embargo, el juez no tomará una decisión hasta la segunda quincena de enero de 2013.

MINSER

La Policía Judicial detuvo el 8 de mayo a los dos ex socios de Minser, Gabriel Rivas y Juan Carlos Escuer, en el marco de la investigación de dos contratos adjudicados en 2006 por el Consell por 60.000 euros. Ya habían sido detenidos en marzo de 2010 por el caso Voltor y se les había fijado una fianza de 100.000 euros. En esta ocasión, la juez de Instrucción nº 4, Piedad Marín, les envió a prisión sin fianza, a petición del fiscal anticorrupción Subirán. Al parecer el Consell pagó por dos informes (30.000 euros cada uno) que no aparecían en los archivos de la Institución aunque los dueños de Minser defendieron la legalidad de lo actuado, declararon haber hecho los trabajos y entregaron copias en el juzgado. Sin embargo, la juez consideró que había riesgo de fuga y los encarceló. Tras un mes en prisión fueron puestos en libertad tras aceptar colaborar con la fiscalía anticorrupción y declarar que sobornaron a Francesc Buils y a Miquel Àngel Flaquer.

CASO OVER MARKETING

El PP vive horas amargas y no consigue desembarazarse de las acusaciones de corrupción. El juez Castro investiga una presunta financiación ilegal a través de la empresa Over Marketing, vinculada a la red Gúrtel. Over habría financiado ilegalmente al PP de Jaume Matas en la campaña electoral de 2007 a cambio de recibir tres millones de euros del Govern popular en concursos amañados. Este asunto ya le ha costado el puesto a Antoni Juaneda (Director Insular en Menorca), José María Rodríguez (Delegado del Gobierno en Baleares) y a Pere Rotger (Presidente del Parlament). Y ha dejado en situación muy complicada a Aina Castillo, a la sazón consellera de Salud y al propio Jaume Matas. También Rosa Estarás, actual eurodiputada, está involucrada en este asunto y la Guardia civil solicitó su imputación por adjudicar a la trama un concurso de 270.000 euros. Sin embargo, esta petición no ha avanzado dado que significaría que la causa pasase al Tribunal Supremo, algo que el juez Castro siempre ha evitado, como cuando evitó imputar a Estarás en el primer juicio a Jaume Matas.

Juaneda dejó el cargo tras ser imputado. José María Rodríguez  se vio forzado a dimitir a mediados de julio tras haber ordenado una investigación al coronel jefe de la Guardia Civil sobre el autor de las filtraciones del sumario secreto a determinados medios de comunicación. Esta orden fue interpretada como presiones políticas por parte de Rodríguez a los investigadores del caso. Fue sustituido por Teresa Palmer.

LLUC TOMÀS Y JOAQUÍN RABASCO

El Tribunal Supremo tumbó la sentencia que condenaba al ex alcalde de Llucmajor, Lluc Tomàs, a tres años de prisión y a seis años a Joaquín Rabasco, regidor y socio de Gobierno al frente de ASI, para quien se redujo la condena a 2 años de cárcel, por fraude y negociaciones prohibidas. Rabasco fue juzgado nuevamente a finales de año y condenado a un año y medio de cárcel por incitar a la violencia de género con una animación informática alojada en la web del partido ASI en la que mostraban 20 formas distintas de matar a una mujer.

TURBULENCIAS POLÍTICAS

El miércoles 18 de abril María Marqués, la interventora general de la Comunitat reconoció públicamente que el Govern ocultó parte de la deuda con proveedores a petición de la entonces vicepresidenta económica del Gobierno Zapatero, Elena Salgado. Se pretendía con ello minimizar el impacto por temor a una intervención de España por parte de la Unión Europea. Al día siguiente, el presidente José Ramón Bauzá anunció su cese fulminante y sostuvo que ese supuesto pacto con Salgado era “radical y absolutamente falso”. Bauzá reconoció que la deuda era mayor que la declarada en julio pero que eso se supo durante los meses siguientes, cuando afloraron facturas en los cajones.

Toni Pastor, alcalde de Manacor y diputado, se abstuvo el día 12 de junio en la votación de la Ley de Función Pública que suprimió el conocimiento del catalán como requisito para ingresar en la Administración. A pesar de que el Partido Popular le exigió que abandonase el escaño y dimitiese del cargo de primer edil de la capital de Llevant, Pastor se negó. Fue expulsado del partido y del grupo parlamentario por romper la disciplina de voto, pasando a ser diputado no adscrito. A pesar de las presiones ejercidas por el partido sobre los regidores fieles a Pastor, logró retener la alcaldía y el PP de Manacor pasó a la oposición.

Como ya hemos apuntado anteriormente, Rodríguez tuvo que dimitir de su cargo de Delegado del Gobierno a causa de la investigación judicial por el caso Over Marketing. Sin embargo, el veterano político popular no dimitió como secretario general del PP de Palma y anunció su intención de presentarse a la reelección a pesar de su imputación en un caso de corrupción. Esta decisión generó fortísimas tensiones con el presidente Bauzá y también con el alcalde de Palma, Mateo Isern. Este último se enfrentó al presidente regional por no haber obligado a Rodríguez a no presentarse a la reelección y manifestó que no tenía intención de someter las decisiones del equipo de gobierno de Palma al líder del partido en la capital. Rodríguez declaró públicamente que el grupo popular debía someterse a las decisiones del partido. La guerra en Palma está declarada y la división entre “rodriguistas” y los fieles a Isern amenaza seriamente la estabilidad en Palma, territorio clave de cara a las elecciones.

La dimisión de Pere Rotger, presidente del Parlament, se produjo el 11 de diciembre al confirmarse su imputación en el caso Over y ante la negativa del juez Castro de retirar la imputación del presidente del Parlament como este había solicitado tras su declaración judicial. Sin embargo, tras poner su cargo a disposición del partido Rotger manifestó que le gustaría mantener su acta de diputado. Finalmente Margalida Durán fue la elegida en sustitución de Rotger. El ex alcalde de Inca declaró sentirse traicionado por Rafel Torres, actual alcalde de la capital del Raiguer, quien logró su desimputación en tiempo record tras incriminar ante el juez Castro y el fiscal Horrach a su antecesor en el cargo.

También es digno de mención el episodio de Lourdes Reynés, compañera sentimental del conseller de Turismo Carlos Delgado, que fue nombrada asesora de este y que días más tarde tuvo que renunciar al cargo tras la polémica surgida. A finales de noviembre el rotativo Última Hora publicó unas fotografías del conseller cuando era alcalde de Calvià, con un rifle en mano y un sentado sobre un ciervo abatido, con el rostro manchado de sangre del animal y los testículos del ciervo sobre la cabeza. Esta fotografía fue muy comentada en las redes sociales y levanto agrias críticas contra el actual conseller de Turismo.

No podemos dejar de mencionar el episodio de los viajes al Parque Nacional de Cabrera por parte de los consellers Company y Bosch. A principios de noviembre un periódico publicó imágenes y datos de estas visitas e informó que habían comido marisco y bebido champán por gentileza de los pescadores. El conseller Company ha mantenido silencio al respecto pero Bosch, que aparecía retratado buceando, declaró que el motivo del viaje fue realizar grabaciones del fondo marítimo de Cabrera con fines didácticos. Días más tarde concedió una entrevista al mismo medio que había revelado el asunto donde pidió perdón, si bien negó que se hubiesen utilizado fondos públicos excepto el transporte que se realizó en la barca del parque.

LOS NEGOCIOS DE BAUZÁ

Un informe elaborado por funcionarios de la Conselleria de Presidencia determinaron que no se había producido ningún motivo de incompatibilidad entre los negocios privados del presidente Bauzá y el ejercicio de su cargo como presidente del Govern. Se pretendía dar así carpetazo a la omisión en su declaración de actividades de las funciones de administrador único de las sociedades “El divino” y “Bauser” (a pesar de que aparecía en el Registro Mercantil) y también a la presunta incompatibilidad entre la farmacia propiedad del presidente en Marratxí y su cargo político, a similitud de la incompatibilidad declarada en su día por el TSJB entre la consellera de Salud socialista Aina Salom y la titularidad de una farmacia. Recientemente los grupos de la oposición interpusieron un contencioso-administrativo por este asunto que se ha convertido en tema recurrente en el Parlament y en la prensa.

ENRIC GONYALONS

El cooperante mallorquín fue liberado junto a Ainoa Fernández y la italiana Rossella Urdu, tras casi nueve meses de cautiverio. Fueron secuestrados por una rama de Al Qaeda para el Zagreb Islámico en la noche del 22 al 23 de octubre en los campamentos saharauis de Tinduf y trasladados a Mali. Para lograr la liberación el ministro de Asuntos Exteriores García-Margallo se traslado en secreto a Mali en marzo para impulsar las negociaciones.

NUEVO OBISPO EN MALLORCA

A finales de julio se supo que Jesús Murgui abandonaba la diócesis de Mallorca tras sen nombrado por el Papa obispo de Orihuela (Alicante). Al quedar la sede vacante le sustituyó el administrador diocesano Lluc Riera. En noviembre el Papa Benedicto XVI nombró a Javier Salinas Viñals nuevo obispo de Mallorca. Salinas fue obispo de Ibiza entre 1992 y 1997, cuando fue enviado a Tortosa.

COLUMBAINERO

El 4 de octubre fue detenido un joven mallorquín de 21 años que había adquirido por internet más de 140 kg. de material para fabricar explosivos y tenía planes de atentar en el campos de la UIB. Pretendía emular a los autores de la matanza de Columbine en EE.UU. Se decretó su ingreso preventivo en prisión.

BMN -  SA NOSTRA

Sa Nostra pasó a integrarse en el Banco Mare Nostrum, junto a Caja Murcia, Caixa Penedés y Caja Granada, recibirá 730 millones del FROB y pasa a estar nacionalizada, siendo el Estado el principal accionista. El estado ha inyectado en BMN un total de 1.845 millones, todo ello sin tener en cuenta los 2.100 millones transferidos en activos inmobiliarios al llamado banco malo. Y tiene 5 años para salir a bolsa.

CAP DE FIBLÓ EN LLUC

El santuario de Lluc sufrió graves daños a consecuencia de un cap de fibló ocurrido la noche del 12 al 13 de septiembre. Las instituciones y multitud de particulares han colaborado para la reconstrucción.

DEPORTES

En deportes hay que destacar la guerra en la planta noble del Real Mallorca entre el accionista mayoritario Serra Ferrer y el tándem Pedro Terrasa – Utz Claassen. Jorge Lorenzo volvió a alzarse con el campeonato del mundo de moto GP. Nadal ganó su séptimo Roland Garros pero ha pasado los últimos meses retirado de la competición y recuperándose de su lesión de rodilla. Rudy Fernández volvió de la NBA a la liga española y jugar con el Real Madrid.

En las olimpiadas de Londres tres deportistas baleares volvieron con medalla olímpica de plata: los baloncestistas Sergi Llull y Rudy Fernández y la taekwondista Brigitte Yagüe.