El Supremo anula la posibilidad de descontar la prórroga de las ITV

De este modo, aunque se retrasara incluso meses la ITV por el cierre de las estaciones por el estado de alarma, la fecha de realización que constaría debía ser la que hubiera correspondido en ausencia de pandemia. Para el Alto Tribunal, en el presente caso "están en conflicto no un interés público frente a un interés privado, sino sólo intereses privados enfrentados: las concesiones de ITV y los titulares de vehículos".

El Supremo atiende así la petición de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), que argumentaba que la medida causaba no sólo un perjuicio económico, como es el de pagar dos veces la tasa con apenas días de diferencia, sino también la pérdida de productividad por tener que acudir a pasar la inspección dos veces consecutivas.

Además, fuera cual fuera el día en que el vehículo pasara la revisión en la estación ITV, añadía la Sala de lo Contencioso, no se consignará como fecha de la próxima revisión la que le corresponda a partir de dicha fecha de realización de la revisión, sino la que originalmente le correspondía. Todo ello, aducía Fenadismer, sin que existiera ninguna razón que lo justificara.

OBLIGA A LOS PARTICULARES A ACUDIR ANTES A LA ITV

En su auto, el Supremo destaca que su criterio coincide con el ya expuesto por el Defensor del Pueblo, porque "al descontar el periodo de prórroga está acortando (la Administración) de manera artificial el perido de duración de las ITV, produciendo el efecto de obligar a los particulares a realizar la siguiente operación antes de lo previsto".

Aunque ve "loable" la pretensión de asegurar la supervivencia económica de las estaciones de ITV, que como otros sectores se ha visto afectado por la menor actividad fruto de la crisis sanitaria, el tribunal entiende que dicho objetivo puede alcanzarse "por otras vías, sin imponer cargas a los particulares".

Cabe recordar que el pasado 21 de julio el Supremo admitió a trámite un recurso interpuesto por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) contra dicha normativa.