Seguridad colectiva por encima de la libertad individual

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha autorizado al Govern a ampliar la exigencia del certificado covid para acceder a restaurantes de más de 50 plazas, bares de copas y celebraciones desde medio centenar de participantes. La medida entrará en vigor este sábado y permanecerá en vigor, al menos, hasta el próximo 24 de enero.

El Govern, apoyado por el sector, había solicitado a la justicia que avalara la medida a fin de poner una barrera más al incremento de contagios registrado las últimas semanas -el último balance diario sumaba 345 nuevos infectados en 24 horas-, con el ánimo de que tal exigencia anime a muchos ciudadanos a vacunarse. Si no lo han hecho antes por temor o irresponsabilidad que, al menos, lo hagan ahora para no ver reducida sus posibilidades de acudir a determinados locales.

Los argumentos que la Justicia ha dado para apoyar la medida van en línea con la autorización anterior que ya emitió respecto a los locales de ocio nocturno de las Islas. El argumento principal es el que gira en torno a la defensa del bienestar colectivo, por encima de las libertades individuales; unas libertades individuales que la sala de lo contencioso del TSJIB considera limitadas o restringidas, pero nunca suspendidas. Y en todo caso, la interlocutoria argumenta apoyándose en una sentencia reciente del Tribunal Supremo.

En este sentido, el TSJIB considera que los derechos de quien dispone de la certificación únicamente se ven comprometidos en lo que se refiere a la mera exhibición de unos datos sobre su salud de los cuales el establecimiento no guardará registros, y que en todo caso sería una "invasión muy tenue" en el derecho a su intimidad personal que, además, se ve compensada con el libre acceso a tales espacios y actividades.

Son argumentos jurídicos con los que se quiere blindar la decisión ante posibles recursos. De momento, la medida entra en vigor este sábado, acotando un poco más las opciones de aquellos que no han recibido la vacuna y mostrando un camino que bien podría llevar a la obligatoriedad de la vacuna para todos los ciudadanos; en línea con lo ya anunciado en algunos países europeos y por la propia presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, quien ya avanzó la necesidad de, como mínimo, estudiarlo.

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