La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se suma a las decenas de afectados por la política urbanística del gobierno municipal y ha decidido presentar alegaciones a la modificación propuesta para el PGOU de Palma al entender que afecta gravemente a sus intereses edificatorios en la finca de Son Pardo, a espaldas del hipódromo. Y ello es debido a que el Ayuntamiento de Palma acordó en julio pasado no continuar con la tramitación del Plan Parcial (PP) del Sector en base a la emisión de un informe de Recursos Hídricos que alertaba del riesgo de inundabilidad de parte del mismo, estimándose que aproximadamente el 50% del sector quedaba afectado por esta circunstancia.
En la revisión del PGOU aprobada en noviembre y ahora en exposición pública, se modifica la delimitación del área urbanizable, reduciendo su extensión para dejar fuera la zona considerada bajo riesgo de inundabilidad. La Junta de Compensación de Son Pardo (el Sareb es mayoritario en el accionariado) y, por ende, todos sus miembros entienden que la nueva ordenación urbanística que propone el Ayuntamiento, aunque sustentada en un informe justificado de Medioambiente, supone un claro perjuicio para la Junta por causas que no le son imputables. "La alegación sólo pretende defender los derechos adquiridos por los propietarios de los terrenos con la intención, no de entorpecer su desarrollo, sino de impulsarlo en las mejores condiciones urbanísticas. En ese sentido, estamos a favor de que el nuevo Plan General se ocupe de buscar una solución al problema", comentó a este digital el representante de la Sareb y presidente de la Junta, Pablo Escámez Parra.
PLAN APROBADO, PERO SIN EFECTO
La Junta de compensación se creó a primeros del mes de octubre de 2010. Once años después fue denegada la aprobación del Plan Parcial (elaborado por Carlos García-Delgado y Pedro Rabassa) en el Pleno celebrado el 29 de julio de 2021. Pero, estas negativas se remontan a años atrás cuando la sociedad inmobiliaria Procam presentó (a través del arquitecto Juan Valls Porcel) uno que fue aprobado inicialmente en julio de 2004 y que ocho años más tarde la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma acordó dejarlo sin efecto.
En abril de 2019 tuvo entrada en el Registro del Ayuntamiento la nueva versión del PP (SUP 52-02) contra el que Recursos Hídricos presentó veintiun meses después un informe desfavorable por cuanto afectaba al dominio público hidráulico. La Comisión Balear de Medio Ambiente se pronunció en disconformidad con la Memoria Ambiental del PP de Son Pardo al afectar al torrente de Na Bárbara. El promotor propuso modificar la anchura del cauce, lo que, a criterio de los técnicos de Medio Ambiente, podría causar inundaciones en zonas pobladas aguas abajo.
Por todo, Cort denegó la aprobación del PP y procedió al archivo del expediente.
La empresa de Ingeniería y Consulting SPESA redactó el estudio de inundabilidad de la SUP 52-02, contemplando las propuestas que han sido rechazadas por Cort. SPESA viene realizando estudios en Aragón y Cataluña del mismo enunciado con informes favorables.
LA CUARTA INMOBILIARIA DE ESPAÑA
El activo en manos ahora de la Sareb fue en su día de la promotora Procam (la cuarta inmobiliaria de España, ya extinguida), ligada a Caja Cataluña. Esta entidad financiera fue rescatada en 2011 con 12.500 millones de euros de los que sólo se han recuperado 782.
Pablo Escámez es un hombre de la Sareb y, por medio de ella, delegado territorial y apoderado de Altamira Asset Management. De secretario de la Junta de Son Pardo está Fernando Maza, quien es administrador único de Trident Asset Management (TAM), con despacho en la calle Jaime III de Palma. TAM es la sociedad en que se transformó Vertix Iberia, la segunda inmobiliaria catalana. En aquel entonces la dirigía Felip Massot, amigo íntimo de Artur Mas. Y por ello, o quizá por otros intereses, vendió a Catalunya Caixa numerosos activos inmobiliarios, lo que provocó una pérdida de 30 millones a la entidad bancaria.
TAM tiene en cartera la urbanización inconclusa de Cala Romántica (Manacor); una promoción de 156 viviendas, muchas de ellas acabadas, que se encuentra paralizada desde 2008 y con permisos vencidos. Altamira Bain Capital (titular del macro proyecto) contrató a TAM para corregir la situación urbanística y reactivar el permiso de obras con el fin de revalorizar el activo; y decidir si se reanudan los trabajos o se vende a un tercero. Según Maza, este proyecto lo comenzó a gestionar en 2016, se reactivaron los permisos y se obtuvieron ofertas de inversores interesados en adquirirlo en su estado actual: de abandono.
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