La historia se remonta al 2008, cuando en plena crisis, un grupo de empresas de Manacor refinanciaron una deuda anterior que ascendía a 240.000 euros. Se hizo mediante un préstamo con garantía hipotecaria de un inmueble y la operación la avalaron cuatro personas físicas de las que tres eran administradores de varias sociedades. La refinanciación se hizo a través del Banco de Valencia, que posteriormente fue absorbido por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
En el año 2019, la Sareb ejecutó la operación por impago y en julio de 2020, ya en plena pandemia, los clientes pagaron el principal de la deuda: 217.126 euros.
Ahora, la Sareb les reclama intereses al 29 por ciento, el tipo pactado en la escritura para intereses de demora, más la deuda por intereses, que en este momento supera los 180.000 euros. Los afectados han intentado negociar una rebaja que les ha sido denegada alegando la entidad bancaria que al no ser consumidores no tienen derecho a reclamarlos. Tan solo una de las avalistas sí podría acogerse al poder ser considerada consumidora.
Los denunciados se han mostrado sorprendidos por la avidez de la Sareb y la insensibilidad de la entidad a la hora de negarse a negociar unas condiciones que son inasumibles en el actual momento de emergencia económica que afecta a miles de empresas. Con el objetivo de sanear el sistema bancario y la reactivación del mercado inmobiliario, la Sareb se creó en 2012 para gestionar los activos transferidos por entidades bancarias en proceso de reestructuración. Los afectados consideran que entre estos objetivos no está asfixiar a emopresas y particulares con intereses que rondan el 30 por ciento: "No tiene sentido que el Estado se dedique a conceder préstamos ICO a empresas en apuros y la Sareb los remate reclamando estas barbaridades", señalan.
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