Al final -y a la espera de que se sumen los nuevos actores necesarios- el gobierno de la nación quedará conformado por una coalición entre el PSOE y Podemos. El acuerdo, anunciado por los dos líderes de ambas formaciones este martes, sigue la estela iniciada en Baleares tras las elecciones de mayo y es el modelo que más han defendido las fuerzas políticas que ahora gobiernan las Islas baleares, comenzando por su presidenta, Francina Armengol.
Pedro Sánchez ha copiado el modelo Armengol para intentar una salida a la parálisis institucional y conformar un gobierno que logre la estabilidad que el país necesita. Y lo hace con una fórmula que el propio Sánchez desdeñaba antes y durante la campaña. La hemeroteca es implacable y sonroja, pero el pragmatismo político -una vez conocidos los resultados electorales la misma noche del domingo- se ha impuesto y la fórmula balear emerge como opción de urgencia para evitar nuevas elecciones.
Sánchez intentará poner en pie un gobierno "rotundamente progresista" de la mano de quien hace unos días le provocaba intranquilidad y que ahora sentará en la vicepresidencia. Ambos llegan a este acuerdo con 8 diputados menos de los que sumaban tras las elecciones de abril y con un bagaje de confrontación durante meses que mucho tendrá que cambiar si lo que se pretende es dar solidez y estabilidad a la legislatura.
El abrazo de los dos líderes y el documento genérico de buenas intenciones suscrito por ambos debe dar paso a un auténtico programa de gobierno. Es en este punto donde ambas fuerzas deberán esforzarse a fin de converger en asuntos sobre los que han expresado opiniones muy diferentes. No tendría sentido cerrar con urgencia un acuerdo si con ello se pone en riesgo la competitividad de nuestra economía o se abren más tensiones territoriales.
En cuanto a Baleares, el acuerdo debe significar el reconocimiento pleno de la insularidad y su compensación; que la felicidad del Govern expresada el martes se traduzca en beneficios reales para los ciudadanos y empresas de las islas.