Salut obligará a vacunarse a grupos sanitarios y sociosanitarios

Así lo ha adelantado en rueda de prensa la presidenta del Govern, Francina Armengol, que ha añadido que el decreto se tramitará como proyecto de ley "para que todos los grupos parlamentarios puedan hacer sus aportaciones".

Si bien Armengol no ha concretado qué grupos estarán obligados a recibir una vacuna contra el coronavirus para ejercer, sí ha avanzado que "irán por sanitarios, sociosanitarios...".

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EL DECRETO TAMBIÉN FIJA PRECIOS MÁXIMOS PARA PCRs Y ANTÍGENOS

Asimismo, el decreo ley también recoge la limitación del precio de las pruebas PCR y de los test de antígenos. Por un lado, se fija en 75 euros el importe máximo que un ciudadano tenga que pagar por una PCR y en 30 euros por un test de antígenos.

El decreto supone incluir modificaciones en la Ley de Salud Pública de Baleares para, previa autorización del TSJIB, tener la potestad de aplicar en las Islas medidas hasta ahora sujetas al estado de alarma como la limitación nocturna de la movilidad, las limitaciones personales en reuniones sociales y los controles en puertos y aeropuertos.

El decreto habilita al Govern para hacer confinamientos perimetrales en barrios y municipios si fuera necesario por la pandemia y también regula la intervención de la Conselleria de Salud en las residencias de ancianos.

Además el decreto también incorpora medidas antes reguladas con el estado de alarma, como el toque de queda que limita la movilidad nocturna, los controles a pasajeros nacionales en puertos y aeropuertos, y los límites de aforo en lugares de culto y en reuniones sociales.

Son las mismas medidas que el Govern aprobó el miércoles de forma urgente hasta el 23 de mayo, y que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares autorizó.

El decreto potencia el uso de nuevas tecnologías en puertos y aeropuertos y establece un régimen sancionador para los incumplimientos de medidas covid-19, que fija multas a quienes incumplan la obligatoriedad de presentar una prueba negativa para entrar en las islas.

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha añadido que la sanción no será la misma en función de si la persona que no ha llegado con prueba y después se le hace y da positivo o no. Ha precisado que la cuantía la determina el instructor de cada caso y que las sanciones leves van de 100 a 3.000 euros.