Cuidado con la subida salarial

Los sindicatos se han lanzado a una campaña de protestas para reclamar subidas salariales que ayuden a los trabajadores a paliar el incremento de la inflación. La protesta se dirige exclusivamente hacia los empresarios, una postura que el propio Gobierno central respalda decididamente, tal y como ha señalado en repetidas ocasiones la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Durante los últimos días se han producido concentraciones ante las sedes de las patronales en todo el país, previas a la concentración principal que se producirá en Madrid el próximo 3 de noviembre.

Esta exigencia se produce en un momento de gran incertidumbre económica para el conjunto de las empresas del país, a las que les es imposible seguir el nivel de revisiones al alza aprobadas para los trabajadores públicos o los pensionistas, que tendrán revalorizaciones de sus salarios del orden del 3,5 y del 8,5 por ciento, respectivamente. Los sindicatos, sin embargo -con el apoyo del Gobierno-, parecen decididos a movilizar la calle para forzar una negociación colectiva que satisfaga sus expectativas.

Las patronales no se han opuesto a pactar subidas moderadas y negociadas por sectores, pero exigen estabilidad y seguridad jurídica, una circunstancia que requiere una buena dosis de realismo y el mayor consenso posible, sin que el Gobierno -como ha hecho con las cotizaciones- adopte medidas que no hayan sido previamente debatidas.

Las empresas, por otra parte, llegan a este punto cuando muchas todavía no se han repuesto de los años de la pandemia y en un momento de gran dificultad provocado por la actual crisis inflacionaria, con subidas de interés que hacen aún más difícil cualquier financiación. Que las empresas asuman todo el esfuerzo no tiene sentido si se pretende proteger un tejido productivo que afiance el futuro económico y el empleo del país. No son de recibo, por tanto, declaraciones como las que hacía uno de los convocantes de la concentración del pasado viernes en Palma ante CAEB al criticar que las empresas "repercutan los costes de la inflación en sus productos". ¿Qué deberían hacer según este sindicalista?

Afirmaciones de este tipo demuestran un distanciamiento entre los intereses sindicales y la realidad social; no en vano, quienes convocan estas concentraciones apenas representan al 12,5 por ciento de los trabajadores del país -según los datos de afiliación sindical recogidos por la OCDE-. Lo preocupante, sin embargo, es que este tipo de planteamientos tengan el respaldo del Gobierno, un gobierno que -a diferencia de las empresas- puede tirar de deuda para subir las pensiones o el salario de funcionarios.

Los salarios deben subirse con la moderación y la prudencia que defienden las patronales y, en esta negociación, el Gobierno debería mostrarse conciliador sin olvidar que, si quiere una solución rápida que alivie los bolsillos de los trabajadores o las cuentas de resultados de las empresas, siempre tiene en su mano bajar impuestos a unos y otros, que es una fórmula de alivio inmediata.

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