Sa Feixina no se tira

El Juzgado número 3 de lo Contencioso de Palma ha sentenciado que el monumento de Sa Feixina de Palma debe ser ratificado como Bien Catalogado, lo que en la práctica significa que no podrá ser derribado, tal como pretenden los actuales dirigentes del Consell de Mallorca y del Ayuntamiento de Palma. Ambas administraciones han anunciado que recurrirán el fallo, prolongando un proceso en el que la justicia ya les ha dado otros reveses.

El año pasado, el mismo juzgado dejó sin efecto el acuerdo del Consell de no catalogar la escultura de Francesc Roca en contra de la decisión de los técnicos de Patrimonio, que se mostraron favorables a su protección. Ahora, la justicia da la razón al recurso presentado contra la decisión del Consell de Mallorca de no catalogar el monolito a fin de facilitar su demolición. El recurso fue presentado por la Asociación de Vecinos y Amigos de Santa Catalina, junto con la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma y la asociación de defensa del patrimonio ARCA, quienes formarían la plataforma Salvem Sa Feixina, frente a las intenciones de Ayuntamiento y Consell.

El litigio parece llegar a su final, con el mantenimiento del conjunto arquitectónico tal cual fue reinterpretado hace diez años para adecuarlo a la Ley de Memoria Histórica. Fue en 2010, con Aina Calvo de alcaldesa de Palma -y con Nanda Ramón, de Més, como concejala de Cultura-, cuando el Ayuntamiento de la capital decidió no derribar el monumento y contextualizarlo retirando los elementos de exaltación del régimen de Franco. Al monolito, además, se añadió una inscripción en cinco idiomas que señala: “Es para la ciudad símbolo de la voluntad democrática de no olvidar nunca los horrores de las guerras y las dictaduras”. Entonces, todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo.

Sin embargo, los nuevos equipos de gobierno llegados al Consell y a Cort en 2015 cambiaron el criterio y convirtieron el derribo de Sa Feixina en uno de sus principales objetivos, reavivando enfrentamientos superados hace décadas. La intención chocó de lleno con el criterio de vecinos, entidades de defensa del patrimonio y los propios técnicos del Consell, favorables a la protección del monolito. Desde entonces, Sa Feixina se ha convertido en protagonista de un conflicto alimentado por el empeño de los mismos responsables políticos que ahora ven cómo la justicia pone sentido común a una polémica que debería haber quedado zanjada hace diez años, cuando el monumento fue reinterpretado.

Llegados a este punto, Consell y Ayuntamiento deberían calibrar los efectos de seguir con un proceso judicial que parece tener poco recorrido y que, de continuar, seguirá costando dinero al erario público, además de alimentar la frustración de aquellos que siguen considerando que el monumento podrá ser derribado.