La coincidencia de color político en Madrid y Baleares, una vez formalizada la investidura de Pedro Sánchez, debe ser un incentivo para acelerar la resolución de importantes asuntos para las Islas que ha quedado pendientes desde hace tiempo. Financiación, inversiones medioambientales o transportes suman una larga lista que el Govern balear, por boca de la presidenta Armengol, confía en ver sueltos con cierta rapidez.
De todos ellos, el más urgente es la aprobación de las medidas fiscales que debe incluir el régimen especial para Baleares y que deben compensar los costes de insularidad que soportan empresas y ciudadanos de las islas; unos costes que limitan la competitividad y encarecen productos y servicios. El asunto quedó sobre la mesa tras la aprobación del nuevo REB el pasado año, con la promesa de darle una salida favorable una vez hubiera Gobierno y presupuestos. En este contexto, la reivindicación de una mejor financiación sigue sobre la mesa con una petición desde las Islas para que Baleares se sitúe en la media nacional de inversión del Estado y no en el vagón de cola como se encuentra actualmente.
El conflicto en torno a los terrenos del antiguo acuartelamiendo de Son Busquets, en Palma, que el Ministerio de Defensa ha sacado a subasta en contra del criterio del Govern balear y del Ayuntamiento de Palma -quienes confían en que estos terrenos sirvan para construir una importante dotación de vivienda social- se halla también en la cartera de asuntos pendientes. Al igual que las inversiones de la administración central en depuradoras, los proyectos de tranvía en Palma o del tren hasta el Llevant, la elaboración de una ley estatal que permita a Baleares mantener las fechas de limitación al diesel -en suspenso por orden del Ministerio de Transición Ecológica- o la reconversión de las zonas turísticas maduras.
La mayoría de estos temas son cuestiones de una gran incidencia en el día a día de los ciudadanos de Baleares, por lo que es necesario que la sintonía de ambos ejecutivos revierta en una solución rápida y satisfactoria. El Govern confía en que sea así, calificando al nuevo ejecutivo que se asentará en Moncloa como un "interlocutor muy cercano y muy accesible". Una cercanía que debería empezar a dar sus frutos sin demora.