Hogueras por las noches para salvaguardarse del frío, calles sin iluminar, basura acumulada, denuncias de robos y vecinos que confiesan tener miedo. La oposición en el Ayuntamiento de Palma denuncia que la situación es límite en la barriada de las en origen denominadas Viviendas del Generalísimo, popularmente conocidas como Corea, en el Camp Redó. Exigen actuaciones inmediatas en el plano de emergencia social y que el alcalde Toni Noguera cumpla con lo establecido y se fije un plan transversal por fases en lo urbanístico. Mallorcadiario.com ha hablado con los líderes en la oposición del Partido Popular, Marga Durán, y de Ciutadans, Josep Lluis Bauzá.
INFORMES OCULTOS
Bauzá ha explicado a este diario que el Ayuntamiento cuenta en su poder con unos informes sobre pobreza, exclusión y otros indices sociales que datan del año 2015 y que se comprometió a hacer públicos. A fecha de hoy no se conocen: “se los hemos pedido, nos dijeron que los publicarían y no hacen más que sacar planos y proyectos”. El edil palmesano de Cs cree que en el Ayuntamiento “no saben qué hacer con Corea, tienen un problema que afecta a áreas sociales, de Seguridad, Limpieza, Urbanismo... No se saben coordinar entre ellos. Están rehabilitando pisos cuando los de abajo están apuntalados”.
Para la popular Durán falta “voluntad política”: “llevan dos años y medio y no han hecho nada. Ahora se ponen con la demolición del bloque VIII, corriendo porque se han dado cuenta de que las elecciones de 2019 están a la vuelta de la esquina”.
EL POLÉMICO BLOQUE VII
En diciembre del año 2016 se anunció la expropiación y posterior derribo del bloque VIII de Corea. Fue la regidora de Cort Neus Truyol la que dio a conocer las partidas económicas que iban a destinarse a tal fin: 508.900 euros para la expropiación y 147.400 para la demolición. En aquel entonces aseguró que la demolición se llevaría a cabo a principios de 2017 tras el realojo de una quincena de vecinos a los que se les facilitaría otra vivienda en la zona. La idea era “abrir un nuevo espacio verde en la barriada”. En aquel momento el PP de Palma denunció que el Ayuntamiento estaba “redactando un proyecto faltando al compromiso adquirido por Noguera de dar participación a los residentes de la zona y a las fuerzas políticas en el proceso de elaboración del mismo”.
No fue hasta julio de 2017 cuando el Ayuntamiento volvió a hablar del bloque VIII. Entonces se anuncia una vez más la expropiación del inmueble. “El Camp Redó es una apuesta firme de este equipo de gobierno después de años sin ningún tipo de actuación”, asegura el exalcalde y responsable de Urbanismo, José Hila. Retrasan la demolición a 2018 y anuncian que seguirán adquiriendo viviendas en otros bloques y que solicitarán al IBAVI el traspaso de la gestión de las suyas.
EL FUTURO DEL BLOQUE VIII
Durán confía en el trabajo de los técnicos municipales con los vecinos del bloque VIII: “tienen una gran dedicación y se involucran personalmente, van puerta por puerta hablando con los vecinos”. Critica, pero, la actitud del consistorio: “hay que saber qué vamos a hacer tras la demolición. ¿qué va a hacer el Ayuntamiento? Deberíamos recordar que ya se derribó otro bloque y se ha dejado un descampado, no se ha vallado, no se ha aprovechado para hacer aparcamientos...”
LA OPOSICIÓN PIDE UN PLAN TRANSVERSAL
Pp y Cs coinciden en la necesidad de una actuación transversal para Corea en la que se fijen fases. Durán recuerda que a propuesta del PP se aprobó por unanimidad en pleno comenzar a trabajar en dicha dirección: “hemos presentado muchas propuestas que se han aprobado. Una de ellas era la de convocar un concurso de ideas para proponer un plan de demolición por fases, volver a edificar y alojar a las familias”. La popular asegura que su partido “está dispuesto a colaborar y a llegar a acuerdos”.
Cs, por su parte, cree que antes que tratar cuestiones urbanísticas hay que estudiar la problemática social de Corea. Por ello “las cosas deben hacerse bloque a bloque, cada uno es diferente. Una actuación global es muy difícil, además de económicamente inviable. Tenemos que acordar un plan por fases”. Bauzá relata que, cuando el Ayuntamiento llegó con los arquitectos y una serie de planos, les dijo: “un momento, estamos hablando de un problema social, que hay 350 familias de propietarios”.

INSEGURIDAD E INSALUBRIDAD
La gestión de las viviendas se complica cuando se encuentran 350 propietarios, y pisos cuya titularidad está en manos del Ibavi, de Cort y de los bancos. Ello sitúa en un limbo los pasajes particulares que hay entre los bloques. Durán denuncia: “la situación es insostenible, por las noches se encienden hogueras, los pasajes quedan a oscuras, son inseguros... Los propios vecinos tienen miedo. Nos han informado de robos. Da igual que sean pasajes privados, hay que poner luz, reforzar la presencia de la Policía Local y reforzar la limpieza. Es urgente y hay que hacerlo ya. Es una situación dramática que va a más”.
Bauzá explica que “dentro de Corea hay personas que han llegado de fuera que se dedican a plantar droga, al menudeo...”. Insiste, también, en la necesidad de adecentar los pasajes: “que sean zonas privadas de uso público es la excusa que da el Ayuntamiento para no actuar. Lo primero es hacerlos públicos y mantenerlos en condiciones, es un verdadero problema. Hay que hacerlo y dejar de discutir”.
UN PROBLEMA SOCIAL
Durán apunta que “cada finca tiene su problemática”. Cree que para aplicar el plan de fases debe verse el estatus de los inquilinos en cada caso: “hay que valorar las viviendas, hablar con los propietarios y ver si podrán optar a una vivienda nueva o a un alquiler social”.
Para Bauzá se deben examinar las posibilidades económicas de cada propietario: “hay vecinos que apenas cobran 400 euros al mes, ¿cómo van a poder pagar una hipoteca de 450 al mes por una de las nuevas viviendas como pretende el Ayuntamiento? No saben lo que hacen”.
