Refugiados, energía y ciberseguridad centrarán los acuerdos de la Conferencia de Presidentes

El borrador, al que ha tenido acceso Efe, que ha sido presentado en la reunión telemática del Comité Preparatorio de Impulso y Seguimiento de la Conferencia celebrada este viernes, expresa en el primero de sus 18 puntos su "condena en los términos más enérgicos a la agresión militar ilegal, no provocada e injustificada de la Federación de Rusia contra Ucrania, así como la participación de Bielorrusia en esta agresión".

En materia de cooperación humanitaria -puntos 2 a 4- y acogida y protección -5 a 7- se ratifica la coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades y ciudades autónomas, junto con las entidades locales; se destaca el papel de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid); y se anuncia la convocatoria en próximas fechas de la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo.

El Gobierno y los ejecutivos autonómicos asumen el compromiso de incrementar sus aportaciones para sufragar las acciones de cooperación que se van a poner en marcha en Ucrania y reafirman su disposición a coordinarse, junto a las entidades locales, para garantizar la acogida, protección y bienestar de las personas que accedan a España huyendo del conflicto.

A este respecto, destaca que "el Gobierno de España está impulsando un plan de recepción y acogida de personas desplazadas procedentes de Ucrania e integrando todas las contribuciones de las comunidades autónomas y los municipios", y precisa que los permisos de residencia y trabajo por un año renovable se otorgarán en un máximo de 24 horas.

En cuanto a las respuestas ante el impacto socioeconómico -puntos 8 a 12-, se recoge que el Gobierno "hará lo posible por alcanzar, junto con los agentes sociales, un acuerdo de país sobre rentas que proporcione estabilidad y confianza al conjunto de la sociedad, evitando una espiral inflacionista".

En el ámbito específico de la energía, el Gobierno "aprobará medidas dirigidas a la reducción del coste energético, con especial atención a los colectivos necesitados de especial protección social y los consumidores electrointensivos e industriales", y las autonomías, junto con las entidades locales, asegurarán, en su ámbito competencial, que las medidas "lleguen a las poblaciones más vulnerables".

Además, el Gobierno acelerará el despliegue de energías renovables e incrementará los recursos destinados a esta finalidad.

Ambas administraciones asesorarán a las empresas importadoras y exportadoras perjudicadas por las sanciones a Rusia y las futuras represalias de este país, buscarán soluciones al potencial impacto en la industria turística española, y reforzarán y acelerarán las inversiones en tecnologías críticas, desde semiconductores y baterías a principios activos de medicamentos esenciales.

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