Que se defienda el rey, si es que puede

Intentar colar un acto de suprema cobardía e indignidad como es marcharse del país, —lo que coloquialmente podríamos denominar como “poner tierra de por medio”— y además, tratar de pasarlo como un servicio a España, es algo que escarnece a los súbditos de esta Monarquía Parlamentaria. Y que a tenor de las reacciones que estamos viendo tras el anuncio del rey emérito Juan Carlos I de largarse del país, está resultando peor el remedio que la enfermedad. Si se pretendía que la excepcional e histórica medida resultase un cortafuegos lo suficientemente grande como para impedir que el actual monarca Felipe VI se acabe achicharrando en el pavoroso incendio ocasionado por las presuntas fechorías de su padre, parece que el tiro le ha salido por la culata. Es justamente esta marcha apresurada hacia no se sabe oficialmente dónde —lo cual, de por sí, ya resulta escandaloso— lo que puede acabar arrastrando al barro al jefe del Estado, si es que no lo está ya.

Resulta incomprensible que con la que está cayendo, haya quien sin ser familiar de Juan Carlos “el campechano”, se dedique a defenderle, molestia que no se ha tomado ni siquiera él. Porque, y aquí radica uno de los aspectos más intolerables del asunto, ni él mismo ni sus abogados niegan ya las informaciones que se han publicado acerca del origen de su ingente fortuna, distraída de sus obligaciones tributarias a través de un entramado societario radicado en paraísos fiscales. Y lo hace porque continúa convencido de su inviolabilidad constitucional, que confunde con impunidad. No sé si legalmente podrá parapetarse tras de esta figura más que discutible y desde luego, inadmisible en términos democráticos modernos, pero la opinión pública no acepta ni aceptará tal estratagema, usada burdamente para enriquecerse con avaricia desmedida, todo ellos sea dicho con carácter de presunción. No le defienda nadie, cuando él mismo no dedica ni el más mínimo esfuerzo a hacerlo ni a negar los hechos ni siquiera a ofrecer una coartada mínimamente creíble.

Ahora vemos que el caso Nóos, que llevó a la cárcel a su yerno, Iñaki Urdangarin, y supuso el enjuiciamiento de su propia hija menor, la infanta Cristina, era, como muchos sospechábamos, un fleco más de esa empresa para enriquecer a los borbones que se denominó Casa Real. Porque no les acabó resultando suficiente con los regalos que recibían desde el sector privado y tuvieron que arramblar con el sector público, concretamente el balear. Que se lo pregunten a Jaume Matas, que desde la cárcel debe estar echándose unas buenas risas. Mal de muchos, consuelo de tontos, pero consuelo, al fin y al cabo.

Los peores pronósticos sobre la figura de Juan Carlos I se han cumplido. Y por más que se esfuercen algunos en defender su legado histórico, él mismo se ha encargado, con esta propensión tan propia de los Borbones a la incontinencia sexual, de dilapidarla. Él y sólo él es el culpable de esta situación y de haber puesto a la institución de la Corona en una situación comprometidísima, como no lo había estado nunca antes desde la muerte de Franco. Porque en esta coyuntura, es absolutamente lógico que la ciudadanía quiera saber qué fortuna acapara quien ha sido nuestro rey durante casi 40 años y de dónde salió. Y porque si bien su hijo Felipe se ha comprometido ante notario a rechazar su herencia, no consta que su aún esposa, la reina emérita doña Sofía, ni sus hijas o nietos mayores de edad, lo hayan hecho ni lo vayan a hacer. ¿Esa fortuna ha sido fiscalizada por la Hacienda pública? ¿Ha tributado como debería? No venga ahora a hablarnos nadie de su papel en la Transición o en el 23-F, que no hablamos de eso. Dejen de tratar a la gente como si fuese estúpida.

Poner pies en polvorosa no arregla nada ni rebaja la presión sobre el Rey Felipe en lo más mínimo y no tardaremos en verlo. Creer que con esta maniobra de “¡Hasta luego, Lucas!” se soluciona el problema es no tener ni idea de lo que piensa la ciudadanía, harta ya de tanto chorizo y tanto jeta aforado e inviolable.