Prohens critica el modelo "de imposición" urbanístico socialista

Así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa la líder 'popular', en referencia al decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística y al proyecto de ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), que serán debatidos el martes en sesión parlamentaria extraordinaria.

"Queremos acabar con este modelo de imposición, es el momento de recuperar la libertad de las personas, de respetar sus derechos, sus propiedades y sus esfuerzos", ha insistido Prohens, que ha censurado además que las normativas se hayan hecho "a espaldas de ayuntamientos y consells".

Por su parte, el diputado del PP Sebastià Sagreras ha sentenciado que la norma va "en contra de la seguridad jurídica y la simplificación administrativa que defiende el PP", y "otorga a la Administración la capacidad de parar actividad humana y económica".

Por tanto, ha reiterado la posición en contra del PP a la normativa, "porque redunda en la inseguridad jurídica y la arbitrariedad del gobernante sobre el administrado".

Durante su intervención, el coordinador de la Comisión de Territorio y Vivienda de la formación, Mariano Juan, también ha censurado el "decretazo urbanístico" de los socialistas, y ha asegurado que se podía utilizar otra vía. "Ya van tres, a uno por año", ha recordado.

"El decreto convierte en rústicas parcelas que son urbanas porque cumplen con los requisitos, recalifica parcelas construidas con la categoría de protegidas y coarta futuros crecimientos; es un ataque directo a la propiedad privada", ha finalizado.

PROPUESTAS DEL PP

En la rueda de prensa, la líder del PP balear ha avanzado una serie de propuestas en materia urbanística incluidas en su programa electoral y que sirven de "alternativa" a la "política autoritaria e intervencionista del Partido Socialista".

Entre ellas, ha destacado algunas como la eliminación de la burocracia y los trámites que no aporten garantías, la supresión de las "demoras injustificadas" y las "arbitrariedades", o el reconocimiento en la legislación ambiental de actividades compatibles con la conservación del territorio "sin imposibilitar y favoreciendo la actividad humana".

"No se trata de prohibirlo todo, sino de hacerlo compatible", ha concluido Prohens.

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